Carlos Humberto Coy Domínguez, el juez sexto penal municipal de Santa Marta con función de control de garantías, ha ordenado la liberación del exsenador barranquillero Arturo Char Chaljub, quien enfrentaba cargos ante la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción al sufragante y concierto para delinquir.
Esta decisión surge a raíz de la aceptación de un habeas corpus presentado por la defensa de Char, el cual fue dado a conocer por este diario. En el argumento presentado, se destaca que han transcurrido más de 120 días, plazo establecido por la ley para resolver su situación jurídica, sin que se haya llegado a una resolución.
El juez Coy Domínguez recibió dos respuestas contradictorias de magistrados de la Corte, evidenciando un claro conflicto dentro de la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal.
En primera instancia, EL TIEMPO publicó una comunicación del magistrado Marco Antonio Rueda Soto oponiéndose a la liberación de Char. Rueda argumentó que los 120 días se cumplirían el próximo 8 de febrero, debido a demoras atribuibles a la defensa del exsenador.
No obstante, la magistrada Cristina Lombana, a quien se le asignó el expediente tras pasar por manos de otros dos magistrados, entregó al juez una respuesta diferente. Lombana señaló que ella ya había advertido que los términos se vencían el 4 de enero, por razones no imputables a la defensa de Char. Además, enfatizó que el magistrado Rueda no es el sustanciador del caso ni habla en nombre de la mayoría en la Sala Especial de Instrucción.
Según Lombana, el tema del vencimiento de términos se discutió en sala el 19 de diciembre de 2023. Ante un empate en la ponencia que ella presentó, se planeaba programar una sala extraordinaria para el 16 de enero, donde un conjuez resolvería el asunto. Sin embargo, la defensa de Char se adelantó con el habeas corpus que acaba de ser concedido.
La Procuraduría respaldó la posición de Lombana y afirmó que era evidente, desde un punto de vista matemático, que los 120 días previstos por la ley para definir la situación de un procesado se habían excedido.
Como consecuencia inmediata, el juez del caso notificará al Inpec la orden de liberación de Char, quien fue trasladado de La Picota a una cárcel militar en Santa Marta. Aunque el exsenador continúa vinculado al proceso, podrá ejercer su defensa en libertad después de haber estado privado de la libertad durante 124 días.
Aida Merlano, exsenadora condenada, es una de las testigos de cargo contra Arturo Char, miembro de la influyente casa política vinculada a Cambio Radical, liderada por Fuad Char (su padre) y Álex Char (su hermano).
A pesar de la libertad provisional concedida al procesado, el caso sigue su curso. No obstante, es evidente el conflicto en la Sala Especial de Instrucción, el cual, al parecer, también afecta a otros procesos emblemáticos. Se espera que el alto tribunal emita una explicación sobre las respuestas divergentes al habeas corpus.