El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Ibagué concedió la primera liberación bajo la categoría de mujer ‘cabeza de familia’ conforme a lo establecido por la Ley 2292 de 2023, también reconocida como la ley de servicio de utilidad pública.
Este beneficio posibilitará que la condenada cumpla su pena mediante un programa de trabajo comunitario de 18 horas semanales, de lunes a viernes. Sus responsabilidades incluirán respaldar proyectos comunitarios de desarrollo social en huertas comunitarias, así como participar en iniciativas de conservación ambiental.
Esta determinación representa un hito destacado en el sistema judicial, siendo el primer caso en el que una mujer tiene la oportunidad de sustituir la privación de libertad por contribuciones sociales.
«Esta figura implica que las mujeres que hayan cometido delitos menores, usualmente en situaciones de marginalidad o pobreza, y que sean las proveedoras principales en sus hogares, puedan desempeñar un servicio comunitario en lugar de estar privadas de libertad», explicó el viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña.
Además del servicio comunitario, la condenada deberá cumplir con obligaciones adicionales, como comparecer personalmente ante la autoridad judicial, permitir visitas de servidores públicos del Inpec y abstenerse de participar en actividades delictivas, demostrando así una conducta ejemplar.
Este enfoque busca equilibrar la búsqueda de la justicia con la consideración de las circunstancias individuales y las posibilidades de rehabilitación en el entorno comunitario.