La Fiscalía ha formulado cargos contra el coronel Carlos Feria, quien se desempeña como jefe de seguridad del presidente Petro, así como contra Elkin Gómez, responsable de la oficina de polígrafo, acusándolos de los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. En el caso del intendente John Sacristán, se le añade el delito adicional de acceso abusivo a sistema informático agravado. Ninguno de los acusados ha admitido su culpabilidad.
Estos funcionarios son señalados de emplear indebidamente sus cargos y los recursos estatales para llevar a cabo un examen poligráfico a una persona que se encargaba de labores domésticas en la residencia de Laura Camila Sarabia Torres, exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República.
La Fiscalía sostiene que el coronel Carlos Alberto Feria, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez, jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, participaron en diversas acciones irregulares, incluida la realización de un polígrafo a Marelbys Meza Buelvas, exniñera de Sarabia Torres.
Según la investigación, el coronel Feria Bohórquez habría ordenado a subalternos la búsqueda de dinero extraviado en la residencia de Laura Sarabia Torres el 29 de enero. Se utilizó un vehículo oficial para trasladar a Marelbys Meza desde su domicilio en Soacha (Cundinamarca) hasta el edificio Galán, donde se encuentra la sala de polígrafos de la Casa de Nariño.
Por otro lado, se alega que el capitán Gómez Gutiérrez y el intendente Sacristán Bohórquez recibieron a Meza, le confiscaron su teléfono celular y le sometieron a la prueba, durante la cual se formularon preguntas que insinuaban la responsabilidad de la exniñera en la pérdida del dinero.
Tras finalizar la prueba, los uniformados le devolvieron el teléfono a Meza. Supuestamente, la exempleada desbloqueó el dispositivo y, en ese momento, el intendente se lo arrebató de nuevo, reteniéndolo mientras extraía información, según la Fiscalía.
Para la Fiscalía, el coronel Feria Bohórquez y los otros dos funcionarios habrían abusado de su posición y autoridad al vulnerar la autonomía de Meza Buelvas y someterla a un trato injusto. Además, se señala que destinaron recursos y activos del Estado para llevar a cabo la prueba del polígrafo, la cual está autorizada exclusivamente para el personal vinculado al Gobierno nacional y no para individuos externos.