A pesar de que los más de 3.000 nuevos afectados por los captadores ilegales de recursos, que han sido despojados de más de 85.000 millones de pesos en lo que va del año según estimaciones preliminares de las autoridades, pueden parecer insignificantes en comparación con la oleada de pirámides que afectó a Colombia hace más de una década y media, la Superintendencia Financiera sigue preocupada por la situación actual.
Este año, han tenido que emitir 11 medidas cautelares para frenar las actividades fraudulentas de estos delincuentes que utilizan diversos métodos de captación de recursos.
José Camilo Torres, director de Control del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera de la entidad, advierte sobre las nuevas estrategias que los estafadores están empleando para apoderarse de los recursos de personas incautas.
Estos delincuentes ahora se valen de la manipulación de mecanismos legales que son desconocidos por las personas a quienes confunden y engañan para obtener dinero. Por lo tanto, recomienda enfáticamente no entregar dinero a desconocidos hasta que se haya verificado la legalidad de quienes solicitan los recursos y del «negocio» que están proponiendo.
Por ejemplo, menciona que los defraudadores engañan a las personas con falsos fondos de inversión, proyectos inmobiliarios inexistentes, el trading (compra y venta de activos), inversión en criptoactivos y compra y venta de divisas (forex), actividades que solo pueden ser realizadas en Colombia por entidades autorizadas y supervisadas por el Estado, no por personas naturales. Estos indicios deberían alertar a las personas de que están siendo víctimas de un engaño.
Además, los falsos prestamistas también utilizan nombres de entidades legítimas y supervisadas, con ligeras variaciones en sus razones sociales, y exigen dinero para otorgar los créditos solicitados. Se hacen pasar incluso por establecimientos vigilados por la Superintendencia Financiera para darle mayor credibilidad a sus actividades delictivas.
El director de Control del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera destaca que las 11 medidas cautelares emitidas contra los captadores ilegales pueden aumentar antes de que termine el año, superando las 13 medidas del año pasado. En cuanto a los falsos vigilados, se han emitido 14 alertas a la ciudadanía este año, en comparación con las 24 del año pasado, lo que indica un crecimiento en estas actividades fraudulentas.
La Superintendencia Financiera realiza un seguimiento constante del mercado para identificar a los estafadores, pero sin denuncias de la comunidad, se vuelve complicado abordar esta problemática, sobre todo cuando las redes sociales y el internet permiten que estas modalidades de fraude se propaguen rápidamente y desaparezcan con los recursos de terceros. Torres enfatiza la importancia de la denuncia y advierte sobre la cantidad de personas que continúan cayendo en la trampa de los delincuentes, atraídas por la promesa de dinero fácil que, en realidad, no existe.
Los analistas de la Superintendencia Financiera han observado que los delincuentes utilizan falsos negocios inmobiliarios como una estrategia para cometer estafas, y la mayoría de las actividades detectadas hasta el momento se concentran en ciudades como Duitama, Sogamoso, Tunja y otras áreas de Boyacá, aunque sus alcances pueden extenderse a otras regiones del país debido al uso de las redes sociales y la propagación de información por boca a boca.
Recientemente, la Superintendencia Financiera emitió dos medidas cautelares, una el lunes y otra el jueves de la semana pasada. La primera medida se dirigió contra Lorena Marcela Angulo Romero, quien ofrecía rendimientos mensuales de entre el 18% y el 20% a quienes le entregaran dinero que supuestamente sería invertido en brókeres extranjeros Choice Trade, IC Market, XM e IQ Options.