La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció la apertura de una investigación contra el fiscal Mario Burgos debido a la filtración del interrogatorio a Nicolás Petro. Recordemos que la queja disciplinaria contra este funcionario fue presentada por el abogado del presidente de la República, Mauricio Pava.
Este hecho se relaciona con la publicación realizada el 30 de septiembre de 2023 por la Revista Semana, tanto en su versión impresa como digital, titulada ‘Mi papá sí sabía: esta es la explosiva confesión de Nicolás Petro sobre la entrada de dineros irregulares a la campaña presidencial; salpicó a Verónica Alcocer y Laura Sarabia, entre otros’. En dicha publicación se presentan extractos y registros en audio y video del interrogatorio realizado a Nicolás Petro Burgos.
Según Mauricio Pava, abogado del presidente Petro, «La filtración de elementos materiales probatorios por parte del Fiscal constituye una presunta acción u omisión que constituye una falta disciplinaria. Esta acción viola los deberes establecidos en el artículo 138 de la Ley 906 de 2004, el artículo 38 del Código General Disciplinario y el artículo 156 de la Ley Estatutaria de administración de Justicia, los cuales exigen la preservación de la confidencialidad y custodia de la información».
Adicionalmente, los abogados del presidente argumentan que se cometió una falta disciplinaria al intentar investigar al presidente de la República, ya que la Fiscalía no tiene la autoridad para llevar a cabo esta tarea, lo que consideran una extralimitación de funciones.
Ante estas acusaciones, los abogados del presidente solicitaron que se investigara al fiscal Mario Burgos. Finalmente, el 6 de octubre, la magistrada Magda Acosta, en representación de la Comisión de Disciplina Judicial, ha tomado la decisión de abrir una investigación.
De acuerdo con los videos revelados por Semana, Nicolás Petro reveló a la Fiscalía que su padre, el presidente Gustavo Petro, tenía conocimiento de la entrada de dineros irregulares en la campaña presidencial.
Asimismo, describió el modus operandi que consistía en comunicar el costo del evento al contratista Euclides Torres, un influyente empresario miembro del clan Torres, y recibir el dinero en efectivo a través de Pedro Flórez.