Los exministros Amylcar Acosta, Germán Arce, Carlos Caballero, Mauricio Cárdenas, Tomás González, Luisa Lafaurie, Carlos Martínez, Luis Ernesto Mejía, Diego Mesa, Federico Renjifo, Juan Camilo Restrepo, Carlos Rodado, María Fernanda Suárez y Ramiro Valencia, se unieron el 7 de octubre para enviar una carta al presidente Gustavo Petro.
En esta carta, expresaron su preocupación ante la inminente crisis financiera que podría afectar a múltiples empresas del sector energético, lo cual ha generado una creciente alarma en torno a la posibilidad de un apagón en el país.
En su comunicado, los exjefes de los ministerios de Hacienda y Energía manifestaron sus inquietudes en relación con la incertidumbre actual y propusieron acciones que consideran necesarias para prevenir una crisis de mayores proporciones.
La carta completa dice:
“Estimado Señor Presidente,
Nos dirigimos a usted en medio de la grave crisis que amenaza al sector eléctrico de nuestro país.
Como bien lo advirtió el operador del mercado XM en su último análisis de riesgo financiero del mercado de energía, 17 comercializadores que atienden casi el 40 % de la demanda comercial del país se encuentran en serias dificultades financieras que podrían contagiar a 19 agentes adicionales y generar deudas en la bolsa de energía por $827 mil millones.
Una crisis de esta naturaleza, que amenaza la viabilidad del sistema eléctrico actual, tiene su origen en las enormes dificultades para que los nuevos proyectos de generación y transmisión entren en operación a tiempo y permitan reducir los niveles de exposición de la demanda y asegurar la confiabilidad en el suministro; así como en medidas que han afectado de manera grave la liquidez de las empresas como la imposición reciente de barreras para recuperar los más de $5 billones del diferimiento de la tarifa (Opción Tarifaria) que se dio como alivio en momentos de la pandemia.
A esta situación hay que sumarle las presiones al alza de los precios de la energía que ya se observan con la llegada del Fenómeno de El Niño, la incertidumbre sobre el suministro de gas para atender la demanda de corto y mediano plazo, y la precariedad en la que se tiene sumidas a instituciones fundamentales para enfrentar coyunturas complejas como esta.
Es el caso de la CREG, en la que por muchos meses se han tenido Comisionados encargados—y subordinados al gobierno—en clara violación de los principios de independencia con la que fue diseñada.
Desde hace meses empresas, gremios, exfuncionarios y analistas vienen alertando al gobierno sobre la inminencia de esta crisis y proponiendo soluciones para conjurarla. Infortunadamente estas advertencias se han desatendido y se ha permitido el deterioro hasta el punto de alcanzar los niveles de amenaza sistémica que enfrentamos hoy.
¿Está preparado el gobierno—en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos y del Ministerio de Hacienda—para asumir la intervención de un número significativo de empresas sin afectar la calidad del servicio y sin que se ocasionen los elevados costos fiscales que traen intervenciones de este tipo?
No olvidemos que la necesaria intervención de la extinta Electricaribe, que llevó a la toma de posesión por parte de la Superintendencia entre noviembre de 2016 y octubre de 2019, ocasionó una caída en el recaudo, un aumento en los niveles de pérdidas y costos fiscales que según lo manifestado por el gobierno se acercaron a los $11 billones.
Estamos plenamente convencidos de que, no obstante lo anterior, no es inevitable la implosión financiera del sector. Pero lograrlo se requiere reconocer que la ventana de oportunidad para actuar se está cerrando y que el único camino que queda hoy es el de la financiación por parte del gobierno—como la que se ha prometido a través de Findeter y no se ha materializado—de la totalidad de los saldos de la opción tarifaria vigentes. Esta deberá ser pagada por los agentes una vez las condiciones de normalidad retornen al sector.
Otras medidas necesarias son la definición de incentivos de precios para buscar las eficiencias en el consumo vía programas de respuesta a la demanda, incentivos reales y de precios para vincular a la demanda en la entrega de excedentes de energía de autogeneración y, en esta coyuntura, mantener y asegurar la provisión de combustibles para la generación térmica. Y por supuesto, el nombramiento en propiedad de Comisionados en la CREG con la debida solidez técnica.
Los aquí firmantes le escribimos desde la experiencia de haber tenido que enfrentar crisis similares en el pasado. Pero también desde la convicción de que quienes más se afectarán si no se toman las medidas a tiempo son los usuarios. Hay que actuar ya señor presidente. Está en sus manos evitarle al país un costoso e innecesario riesgo de apagón”.