Diez militares fueron suspendidos temporalmente luego de denuncias de violencia por parte de la población de la vereda Bocas del Manso en Tierralta (Córdoba).
Hasta el momento, los informes han revelado amenazas contra campesinos y madres, actos de tortura e incluso abuso sexual. En respuesta a este escándalo, el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, ha emitido un comunicado.
Ospina declaró que ha decidido «retirarles la confianza y la responsabilidad de portar las armas de la República». Además, ha tomado la determinación de «separar a los mandos del comando de la unidad militar», lo que significa que no podrán liderar ninguna operación militar.
El comandante también informó que ha remitido el contenido de las investigaciones disciplinarias llevadas a cabo por el Ejército a la Justicia Penal Militar y a la Procuraduría, ya que el Ministerio Público asumirá el poder preferente en este caso.
Ospina reiteró que la investigación penal de los hechos es responsabilidad de la Fiscalía, como confirmó el fiscal Francisco Barbosa este miércoles, ya que no se trata de actos relacionados con el servicio militar.
Además, el general explicó que se han empleado todos los recursos disponibles y se ha coordinado estrechamente con la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y otros habitantes vulnerables de la zona.
El comandante también atribuyó el ataque contra el helicóptero, que tuvo lugar el miércoles 13 de septiembre, a la zona rural de Tierralta, Córdoba, al grupo criminal conocido como el ‘Clan del Golfo’.
Ospina destacó que esta área de Córdoba es conocida por la presencia del ‘Clan del Golfo’ y que ya se habían realizado operaciones de verificación con unidades militares en la zona. Además, se llevaron a cabo investigaciones durante toda la noche y la madrugada con los 24 militares presentes en la vereda Bocas del Manso.
El general Luis Ospina también confirmó que diez miembros de las fuerzas armadas estarían involucrados en las intimidaciones ocurridas el lunes 11 de septiembre contra una comunidad indígena que incluía a mujeres y niños.
Finalmente, Ospina anunció que se están tomando todas las medidas necesarias para permitir que la comisión de la Fiscalía y la Procuraduría continúe con la investigación de los eventos ocurridos el 11 de septiembre en la región.