La Defensoría del Pueblo hace un llamado a entidades nacionales y departamentales para que atienda la situación de confinamiento en la que están unos 5.000 habitantes del casco urbano de Nóvita, Chocó, y cerca de 600 personas que hace una semana debieron abandonar sus viviendas en las zonas rurales de ese poblado para resguardarse en su cabecera municipal, por cuenta de enfrentamientos armados entre la guerrilla del Eln e integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc-Clan del Golfo).
El confinamiento se debe al paro armado decretado por el Eln en Nóvita y sus inmediaciones el pasado 27 de mayo, hecho que ha impedido la movilización de las caravanas que tienen como objetivo llevar todo tipo de asistencia humanitaria a las personas en situación de desplazamiento y a las que viven en el casco urbano, familias que también han hecho las veces de receptoras para dar vivienda temporal a quienes tuvieron que dejar abandonados su bienes y enseres.
El trabajo interinstitucional debe verse reflejado a la mayor brevedad en beneficio de las cerca de 5600 personas que están confinadas en este momento en Nóvita. No hay transporte fluvial ni terrestre. Es un llamado urgente que la Defensoría del Pueblo hace para que sean protegidos y garantizados los derechos a la alimentación, al agua potable, a la libre movilidad, a la salud y a la vida de las personas que están en unas condiciones que se están tornando lamentables.
Para hacerle frente a la problemática colectiva, la Defensoría del Pueblo viene haciendo labores conjuntas con otras entidades. El propósito es lograr abrir un corredor humanitario que permita llevar las ayudas a quienes están en Nóvita. Es imperativo contar con ese paso, la población civil no puede seguir siendo afectada por el accionar indiscriminado de los actores armados ilegales.
Lo que está sucediendo tiende a agravarse por la caída de un puente vehicular en el municipio de Río Iró hace poco más de 20 días. La estructura sigue colapsada y los arreglos aún no inician, sin que hasta el momento haya una respuesta de las entidades competentes.
La Defensoría, igualmente, pide que sean protegidas las viviendas y las pertenencias de quienes tuvieron que dejar abandonado prácticamente todo para no verse en medio de las hostilidades entre el Eln y las AGC y así no comprometer su integridad y vida.
Además le solicita al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública apelar a los medios necesarios para que sea garantizada la libre movilidad en la región del San Juan, en la zona centro sur del departamento del Chocó.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo recuerda que eventos masivos de desplazamiento y confinamiento van en contravía del Derecho Internacional Humanitario y no aportan a la construcción de paz en el país. La entidad llama al Eln para que le ponga fin al paro decretado hace unos días, a que avance en la búsqueda de la paz con hechos que en ningún caso pongan en riesgo a la población civil.