Los 16 militares que estaban secuestrados por la Guardia Indígena en zona rural de Toribío, Cauca, fueron liberados y entregados este miércoles, 12 de abril, a una comisión de la Defensoría del Pueblo que los sacó de la zona.
Este mismo miércoles, se conoció del secuestro a los uniformados mientras realizaban un allanamiento en la zona. En un video se observó cómo los soldados caminan en filas bajo la custodia de los indígenas. Por este caso, las autoridades locales buscan instalar una mesa de diálogo con las comunidades.
Frente a los hechos el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Mauricio Capaz, indicó que el grupo de militares fue retenido por actos extralimitados, debido a «que entró de manera violenta en una vivienda familiar, hirió a un integrante de la comunidad con el pretexto de buscar un positivo en la zona».
Ante el pronunciamiento del consejero mayor, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, expresó que los militares no estaban retenidos sino que se encontraban secuestrados.
«Pongámosle un poco de seriedad al país y digamos las cosas con claridad, secuestro es secuestro y no hay tales retenciones, esa es una entelequia y un enredo que se le ha venido diciendo al país y seguiremos investigado todas esas conductas en el marco del Código Penal», expresó Barbosa.
En consecuencia, el Comando de la Tercera División del Ejército Nacional emitió un comunicado de prensa rechaza el secuestro de las tropas e interpondrá las denuncias correspondientes por secuestro y asonada entre otras conductas punibles que pudiesen configurarse, ante las autoridades competentes.
“Volvemos a la misma discusión de cada semana, en Toribio, en el Caguán, en el Catatumbo, ¿qué significa eso? Que no hay política de seguridad, de orden público, ante la ausencia de política de orden público esto será recurrente”, reiteró.
Frente a este caso, el fiscal anunció que en los próximos días se darán a conocer decisiones de fondo. “Va a haber responsabilidades penales de una cantidad de autores” que incurrieron en violaciones al Código Penal. Para Barbosa, acá no se puede hablar de cercos humanitarios, como lo dijo el Gobierno, sino de delitos. “No son simplemente negociaciones”, señaló.