La JEP aceptó el sometimiento de 23 exintegrantes de la Brigada Móvil No. 15 (Brim15) del Ejército, posiblemente implicados en casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate cometidos en Ocaña (Norte de Santander), en 2008. Entre los militares sometidos hay dos mayores, dos cabos segundos, un cabo primero y dieciocho soldados profesionales, todos en condición de retiro.
Según la resolución 1076 de 2023, emitida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, en enero y agosto de 2008, los jóvenes Julio César Mesa Vargas, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante fueron trasladados por tierra desde Soacha (Cundinamarca) hasta Ocaña, donde habrían sido ejecutados extrajudicialmente por integrantes de la Brim15.
Así mismo, nueve de los comparecientes fueron aceptados por hechos ocurridos en febrero de 2008, en el corregimiento de Otaré, Ocaña. En esos hechos habrían sido asesinados Daniel Alexander Martínez, Diego Armando Marín Giraldo y el menor de edad Jaime Estiven Valencia Sanabria.
Los miembros de la Fuerza Pública incluidos en esta decisión son: los mayores (r) Carlos Gilberto Rodríguez Mora y Henry Mauricio Blanco Barbosa; los cabos segundos (r) Richard Amando Jojoa Bastidas y Ricardo Coronado Martínez; el cabo primero Manuel Ángel Zorrilla Agamez; y, los soldados profesionales (r) Ricardo Eliud González Gómez, José Orlando González Ceballos, Nixon Arturo Cubides Cuesta, Mauricio Cuniche Delgadillo, José Adolfo Fernández Ramírez, Pedro Johan Hernández Malagón, Efrén Galvis Guzmán, Ramón Alfonso Horta Palacios, Eider Andrés Guerrero Andrade, Juan Jaramillo Moreno, Kevis Alberto Jiménez Escalante, José Alexander Lamprea Polo, Luis Alirio López, Ferney Grijalba López, Jhonn Anderson Díaz Ortega, Jhon Jairo Muñoz Rodríguez, Medardo de Jesús Ríos Diaz y Dairo José Palomino Ballesteros.
Los casos por los cuales estos exintegrantes de la Fuerza Pública fueron aceptados en la JEP se suman al patrón macrocriminal que ya había sido abordado en el subcaso Norte de Santander del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Sin embargo, el proceso para resolver la situación jurídica de estos militares retirados continúa en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, dado que no han sido seleccionados por la Sala de Reconocimiento como máximos responsables en los hechos que abordó dicho subcaso.
En el subcaso Norte de Santander, diez militares retirados, entre ellos el brigadier general (r) Paulino Coronado, y un civil ya reconocieron su responsabilidad por ‘falsos positivos’ cometidos en la región de Catatumbo en audiencia pública de reconocimiento llevada a cabo en abril de 2022, en Ocaña, y fueron incluidos en la Resolución de Conclusiones emitida por la Sala de Reconocimiento en octubre de 2022.