Prosperidad Social atenderá a 11.450 hogares víctimas del desplazamiento forzado, en el marco del programa Familias en su Tierra, anunció el Subdirector de Programas y Proyectos de la entidad, Carlos Chinchilla Imbett.
Familias en su Tierra es un programa que contribuye a la estabilización socioeconómica de los hogares víctimas del desplazamiento forzado, que han retornado a su tierra o han sido reubicados, y que incluye fortalecimiento del capital humano y social, seguridad alimentaria, habitabilidad y generación o fortalecimiento de proyectos productivos.
Esta es la novena intervención del programa. Los cupos están distribuidos en 40 municipios de 17 departamentos que la entidad agrupa en tres zonas de intervención.
Para la ejecución, Prosperidad Social destinará más de 101.437 millones de pesos. Los departamentos con más cupos son Antioquia (2.400 millones), Cauca (1.651) y Norte de Santander (1.440).
Chinchilla expuso esta y otras acciones de Prosperidad Social para el cumplimiento de la Ley de Víctimas (1448 de 2011), durante la sesión de seguimiento a las recomendaciones del noveno informe de la Comisión para el Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de dicha ley.
La comisión está conformada por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría General y representantes de las Víctimas.
Durante la sesión la entidad expuso también estados, avances y resultados en otros programas con los cuales la entidad respondió a las recomendaciones de la comisión: 1.968 jóvenes víctimas atendidos durante 2022 con el piloto Jóvenes Transformadores (en alianza con Propacífico) y 1.113 víctimas entre los participantes del cuarto Bono de Impacto Social (BIS), que ejecuta –en alianza con la Corporación Inversor–, en Medellín, Barranquilla y Bogotá.
La Ley de Víctimas estableció medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Reconoce los derechos que tienen las víctimas a saber la verdad, a ser reparadas en el daño sufrido, a recibir justicia y a que los hechos que les causaron dolor en el pasado no vuelvan a ocurrir.
Asimismo, ordenó hacer seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de las medidas contenidas en esta ley, y entrega los informes al Congreso de la República.