La Sección de Reconocimiento Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz de la JEP asumió competencia del Caso 01, en cuanto a la Resolución de Conclusiones No. 2 de 2022, que corresponde al caso 01 denominado “toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP”, expedida por la Sala de Reconocimiento en noviembre de 2022.
Avocar el conocimiento significa que el Tribunal para la Paz inicia la fase procedimental que llevará a la imposición de una sentencia y la consecuente sanción propia a los exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP: Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, quienes en 2022 reconocieron su responsabilidad por los crímenes de guerra y lesa humanidad imputados en el caso 01.
Con esta decisión, se activa la competencia de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento del Tribunal para la Paz, cuyos cinco integrantes serán los encargados de decidir las sanciones que se impondrán a los comparecientes y verificara el cumplimiento de las mismas con el apoyo de la Misión de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas; estas sanciones deben tener el más alto componente reparador y restaurador para las víctimas.
¿Qué sigue?
Tras asumir competencia la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, deberá agotar el procedimiento dispuesto en la normatividad que la regula como lo es, evaluar la correspondencia entre los hechos, las pruebas allegadas, las conductas endilgadas y reconocidas, la propuesta de sanción, las condiciones de contribución a la verdad y la reparación, realizando audiencia para verificar la forma de reparación en el marco de SIVJRNR y posteriormente emitir la sentencia
El 21, 22 y 23 de junio de 2022 los últimos integrantes del Secretariado de las Farc-EP reconocieron en una audiencia pública en Bogotá su responsabilidad, de manera individual y colectiva, en la comisión de los crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, tortura y tratos crueles, atentados contra la dignidad de la persona, violencia sexual y desplazamiento forzado; y de los crímenes de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, asesinato, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos, violencia sexual y desplazamiento forzado.
Estos delitos fueron imputados por la Sala de Reconocimiento de la JEP en el Auto No. 19 de 2021. El documento fue el resultado de un riguroso trabajo de contrastación judicial en el que se tuvieron en cuenta informes entregados por organizaciones sociales e instituciones estatales, versiones colectivas e individuales de comparecientes y observaciones de las víctimas acreditadas. Tras considerar que hubo reconocimiento y aportes de verdad plena, la Sala de Reconocimiento adoptó el 24 de noviembre de 2022 la resolución de conclusiones que fue remitida al Tribunal para la Paz para lo de su competencia.