El Gobierno Nacional anunció este jueves que la atención a niños, niñas y adolescentes de 18 pueblos indígenas del Guaviare y Meta será de interés prioritario para todas las entidades del Estado en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
La decisión se tomó en el marco de la visita realizada al Guaviare por una comisión especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Presidencia de la República que, por instrucciones del Presidente Gustavo Petro, se desplazó a esa región del país, con el fin de atender las denuncias de violencia sexual contra menores de edad en ese departamento.
A partir de la misión de la comisión se identificó que existe un amplio reporte de las comunidades sobre situaciones de violencia sexual, que luego se convierten en procesos de restablecimiento de derechos y en algunos casos denuncia penal.
Con base en una presentación de cifras y gestión del grupo de Defensores de Familia del ICBF Regional Guaviare, se estableció que un 12% de los casos reportados con denuncia penal durante 4 años —lo que equivale a 69 casos— afectan a las comunidades Jiw y Nukak, pueblos indígenas que están declarados como sujetos de especial protección y en vía de extinción.
Durante la investigación también se registraron relatos relacionados con inhalación de pegante y/o consumo de sustancias psicoactivas en estas poblaciones indígenas.
Asimismo, se reporta una situación alimentaria crítica en estas comunidades, la cual no ha sido atendida desde un enfoque diferencial ni mediante un enfoque de soberanía alimentaria pensada en esos territorios de selva y con base en la memoria alimentaria de estos pueblos indígenas.
Redes de microtráfico y trata de personas
Según el informe de la comisión especial, esta situación de crisis alimentaria conlleva a que “los niños bajen a buscar comida”, lo que es aprovechado por posibles redes de microtráfico y de trata de personas en la región. De hecho, no se descarta la posible presencia en el territorio de una red de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.
El diagnóstico, además, concluye que es prioritario ampliar el número de miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia en el Guaviare, porque solo hay 6 uniformados responsables de esa tarea para los 4 municipios del departamento.
Adicionalmente, se solicitó acompañamiento en mediación lingüística, porque el choque cultural se ve acentuado por la brecha de comunicación con los funcionarios de todas las entidades, incluyendo las defensorías de familia que no cuentan con intérprete que garantice un enfoque étnico para su labor.
La relación entregada por ICBF a la comisión, presenta las siguientes cifras de los últimos cuatro años:
