En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación hace un llamado al Instituto Nacional penitenciario y Carcelario INPEC y a la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, para que, a la mayor brevedad, tomen las acciones pertinentes para que las cárceles cumplan con las normas técnicas de seguridad contra incendios.
El Procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, aseguró que a raíz de la tragedia ocurrida el pasado 27 de junio de 2022 en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, que cobró la vida de 54 personas privadas de la libertad, la Entidad inició una acción preventiva para evitar que casos como estos vuelvan a ocurrir.
En consecuencia, el ente de control emitió un informe en el que se refirió a las fallas en los sistemas contra incendios y planes de contingencia en los centros penitenciarios del país, como la ausencia de un sistema de aspersión para emergencias dentro de las instalaciones del penal, carencia de puntos fijos para toma de agua (hidrantes) y serias dificultades para realizar una evacuación.
También a la estreches de corredores, problemas de ventilación y puntualmente a que, en promedio, las cárceles del país cuentan sólo con 46 extintores, cantidad insuficiente frente a lo estipulado por la norma técnica que regula el tema de seguridad contra incendios.
Finalmente, Sarmiento aseguró que la carencia de elementos, planes contra incendios y otras catástrofes se presenta en todos los centros carcelarios del país y la manera de resolverlo es ciñéndose a las normas técnicas estipuladas al respecto.