Una verdadera polémica ha generado la iniciativa que en el Senado busca fortalecer las condiciones de la seguridad ciudadana, a través de la inclusión de reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como la Código de Extinción de Dominio, Regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales y la sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística.
A su vez, dice el Senado en un comunicado, se busca la creación y el fortalecimiento de los instrumentos jurídicos y los recursos económicos que deben contar las autoridades para consolidar la seguridad ciudadana.
Los senadores Feliciano Valencia (Partido MAIS), Iván Cepeda (Polo Democrático), Sandra Ramírez (partido Comunes), Angélica Lozano (Alianza Verde), Antonio Sanguino (Partido Verde), Wilson Arias (Polo Democrático), Iván Marulanda (Alianza Verde), Aida Avella (partido Coalición Lista de la Decencia), Gustavo Bolívar Moreno (partido Coalición Lista de la Decencia), Jorge Enrique Robledo (Partido Dignidad), Jorge Eduardo Londoño (Alianza Verde) y Julián Gallo (Partido Comunes), solicitaron que se reabra la discusión del artículo 4 del proyecto de ley de seguridad ciudadana, aprobado en la sesión plenaria el pasado 20 de diciembre.
En este sentido, el senador Feliciano Valencia afirmó, “hemos solicitado que se abra la discusión del artículo cuarto, toda vez que afectaría de manera directa a las comunidades étnicas, dado que se refiere a personas que pueden estar exentas de responsabilidad penal en razón de su diversidad cultural”. Por su parte, el senador Iván Cepeda expuso que esta ley pareciera que le atribuyera la violencia del país a la protesta social y legitima la fuerza letal como recurso en defensa personal, entre otros temas.
En este sentido, el Senador Eduardo Pacheco, del Partido Colombia Justa Libres, expresó, “ayer se acusó de ser inconstitucional este proyecto de ley, pero sin argumentación ni análisis jurídico” y mencionó que no se puede desconocer la autodeterminación de las Naciones.
En su intervención, la senadora Aida Avella manifestó que se opone a este proyecto, debido a que, “lo considero nocivo para la libertad y la democracia”. Por su parte, la senadora Sandra Ramírez comentó, “seguimos manifestando el abandono y el ataque sistemático a los Derechos Humanos en nuestro país. Como nos quieren borrar la memoria de la guerra”.
Por su parte, el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, solicitó la reapertura de la discusión del artículo 20 de esta iniciativa, debido a que fue incluido al bloque de los artículos sin proposición votados en la sesión del 20 de diciembre.
Lara comentó que “la legítima defensa ya existe en el ordenamiento jurídico colombiano, cuando uno se defiende de manera proporcionada se justifica la comisión de un delito proporcional al daño o a la amenaza que se recibe. Sin embargo, la legítima defensa privilegiada que se introduce hace que se presuma la legítima defensa cuando se ejerce para rechazar al extraño que usando maniobras supere la barrera de la propiedad; así como cuando mediante violencia ingreso o permanezco arbitrariamente en una habitación o dependencia inmediata; y cuando con violencia se penetra o se permanezca en propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado”.
El ministro de defensa, Diego Molano, insistió en que «lo que establece la ley de seguridad es un artículo de legítima defensa en su casa, en su local comercial o su carro, pero de ninguna manera faculta para asesinar a nadie. Lo que hace específicamente es poder establecer ese argumento de legítima defensa en el momento en que haya un proceso judicial, en el entendido de que la otra persona tenía la intención de robar, atracar, de asesinar»