Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de 2021 (segundo y tercer trimestre del año 2021), el Observatorio de Derechos Humanos de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), registró un total de 14.270 víctimas de hechos violatorios a los Derechos Humanos en comunidades, Pueblos y, Naciones Indígenas en Colombia.
Las cifras demuestran que el último trimestre fue el más violento con respeto a los dos anteriores, donde en el primer trimestre fueron 3.774 víctimas y en el segundo trimestre fueron 631.
El confinamiento de población indígena es la afectación que más registró casos con 10.021 personas, las cuales representan el 70,22 % de víctimas totales, indígenas que se sienten atrapados en sus propios territorios debido a los riesgos que les representa la presencia de grupos armados legales e ilegales.
El desplazamiento masivo forzado se constituye en la segunda afectación más frecuente con el 25,69% (3.666 indígenas desplazados). En un tercer lugar se ubica el hostigamiento con el 1,14% (163 afectados); el reclutamiento forzado fue la gran sorpresa en este último trimestre, pues en el segundo informe trimestral presentado por la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas este hecho ocupaba los último lugares en la tabla, pero para esta edición, tuvo un repunte considerado al subir la 17ª casilla a la 4ª (0,94%, es decir 134 indígenas reclutados).
Esto explica la denuncia presentada por parte de líderes indígenas de los resguardos Zenú y Emberá Katío, donde más de 130 menores de sus comunidades han sido reclutados por grupos armados ilegales en el sur del departamento de Córdoba.
«Hoy la Organización Nacional Indígena de Colombia lamenta profundamente la situación por la que están atravesando comunidades, pueblos y naciones indígenas enteras en Colombia como lo hemos identificado a través de nuestras organizaciones filiales y no filiales, las comunidades continúan confinadas, principalmente en los departamentos del Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Nariño por la presencia de grupos armados legales (Fuerzas militares y Policía Nacional) e ilegales (Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, Autodefensas Unidas de Colombia -Auc-, disidencias de las Farc-EP y el Eln), que al final generan zozobra y miedo por su accionar violento, que conduce al confinamiento de los comuneros debido a la siembra de minas antipersona, homicidios de líderes y autoridades indígenas y al desplazamiento masivo forzado», dice la ONIC en un comunicado de prensa.