El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que es urgente adelantar una reforma estructural al sistema penitenciario y carcelario del país, sobre la base de la corresponsabilidad de las diferentes instancias del Estado.
“A pesar de los esfuerzos de todas las entidades, hoy seguimos encontrando infraestructura inadecuada y obsoleta, también problemas en el servicio de salud y, en general, precariedad en la atención de la población privada de la libertad en materia de garantía de condiciones dignas sobre la base del respeto por los derechos humanos”, aseguró Carlos Camargo.
Durante su participación en el I Encuentro de Seguridad, Justicia y Convivencia )organizado por la Asocapitales, Federación Nacional de Departamentos y Ministerio del Interior), el Defensor del Pueblo afirmó que para reformar la Ley 65 de 1993 es necesario ser más creativos y ambiciosos en las soluciones a esta difícil situación.
“En Colombia debemos dar el debate sobre las necesidades de adoptar algunos sistemas de privatización o de concesiones en la atención de la población privada de la libertad, que han sido exitosos en otros países. Conocemos modelos como el adoptado en el Estado de Washington (Estados Unidos), donde las alianzas con el sector privado hacen sostenible el sistema gracias a que los reclusos cumplen su pena prestando un servicio en proyectos productivos de reciclaje, de apicultura o de agroecología”, aseguró.
“Este tipo de medidas no solamente tiene un gran impacto en las comunidades, sino que también ofrecen opciones de capacitación y formación para la población reclusa, con lo cual se cumple el propósito de resocializador de la pena”, puntualizó el Defensor.