“A pesar de que se han tomado decisiones para atender a los migrantes en Necoclí, en la actualidad se estima que son 11.400 los que están represados en ese municipio, lo cual ha causado una emergencia hospitalaria, que es necesario atender para garantizar el derecho a la salud tanto de los colombianos como de los extranjeros”, alertó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
La ESE Hospital San Sebastián entró en colapso en la atención debido a la alta demanda de la población migrante haitiana y, en la actualidad, no cuenta con suficientes recursos humanos, ni técnicos o de infraestructura para prestar asistencia en todos los casos. A esto se suma que, en las últimas semanas, murieron dos migrantes por COVID-19, lo que también pone de manifiesto sus dificultades para cumplir con las medidas de distanciamiento o para contar con elementos de bioseguridad.
En el último monitoreo de la Defensoría, se estableció que hay represados al menos 11.400 migrantes, en su mayoría de origen haitiano, quienes han comprado tiquetes y están a la espera de la fecha de salida. Según información suministrada por los gerentes de las empresas transportadoras marítimas Caribe S.A.S y Catamarán, los tiquetes tienen fecha hasta el 27 de septiembre.
Gran parte de esta población está hospedada en hoteles, hostales o casas que son arrendadas por días; pero varias familias se ubicaron en carpas en la orilla de la playa, debido a que se les han agotado los recursos para pagar el hospedaje.
“Además de los sobrecostos y la reventa de tiquetes, los funcionarios de la Regional Urabá- Darién de la Defensoría han sido informados sobre la salida de embarcaciones ilegales a altas horas de la noche, exponiendo a los migrantes al riesgo de naufragio en alta mar o a robos y estafas por parte de los ‘coyotes’ o traficantes de personas”, aseguró el Defensor del Pueblo.
El 4 de agosto pasado, Carlos Camargo se reunió en Capurganá con sus homólogos de Panamá, Ecuador y Costa Rica para avanzar en las gestiones ante los respectivos gobiernos para apoyar a los migrantes en tránsito. Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo es primordial que el gobierno de Panamá permita ampliar el número de personas que puedan transitar y que en Ecuador se regule el ingreso de la población migrante.
“Seguimos trabajando para que en las decisiones de las autoridades primen los derechos humanos, porque se tiene previsto que sigan llegando más personas y eso hace urgente la atención priorizada y humanitaria de los países del continente”, concluyó el Defensor del Pueblo.
El gobierno panameño mantiene restricciones para el ingreso a ese país, razón por la que solo se había venido utilizando la ruta terrestre, en una travesía que podía tardar entre 5 y 8 días, dependiendo de las condiciones climáticas y el estado físico y de salud de los migrantes.