Aunque el contexto social y político del país han demorado la presentación de la reforma tributaria 2.0, después de que fue retirada el pasado 2 de mayo, este martes, partidos políticos, gremios, empresarios, economistas y el mismo Gobierno encontraron algunos puntos en común sobre la iniciativa. Con eso, ahora la pregunta que queda son los tiempos con los que el Ejecutivo puede tramitar la iniciativa.
Precisamente, este martes, José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, al cierre de la cuarta y última sesión del foro que organizaron las comisiones económicas del Congreso en las últimas dos semanas, señaló que “lo social no da espera, el sueño aplazado de ese joven que no ingresó a la educación superior no da espera, porque el sueño de esa mujer que perdió su trabajo y quiere ingresar al mercado laboral no puede dar espera, no da espera el microempresario que necesita el subsidio a la nómina para sortear sus necesidades de caja”.
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Fuentes cercanas al Congreso le dijeron a este diario que el Gobierno ha sostenido varias reuniones con los partidos políticos para socializar los puntos clave de la reforma tributaria y escuchar sus puntos de vista y ya hay unos consensos delineados, por lo que, dicen las fuentes, el proyecto de la reforma podría ser presentada esta semana o la próxima, dependiendo del ambiente político que vea el Minhacienda.
Eso sí, apunta el analista político Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado, “el Gobierno tiene que encontrar primero acuerdos con el Comité del Paro para avanzar en el trámite de la reforma tributaria. Si no lo logra, será muy difícil que avance con la iniciativa en esta legislatura. En esa línea, tendrá que esperar hasta el 20 de julio para presentarla”, apuntó.
De acuerdo con una fuente cercana al Ministerio de Hacienda, el Gobierno contempla dos caminos para que se apruebe la iniciativa. Una es que, dependiendo del ambiente político, presente la reforma esta o la otra semana para que sea aprobada en lo que queda de legislatura.
Para lograr eso, explica, tendría que salir con mensaje de urgencia, el articulado debería ser breve y se deberían llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, pues las ordinarias van hasta el 20 de junio.
La otra opción es que la reforma se tramite para que se haga un primer debate en esta legislatura y se termine de aprobar después del 20 de julio.
Ahora bien, con lo que se vio en las cuatro sesiones del foro en el Congreso, se ve que hay algunos puntos en común, que le permiten al Ejecutivo avanzar en el proyecto de ley, como la urgencia de que continúen iniciativas como la de Ingreso solidario o el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef).
Coinciden en que se debe hacer a través de mayores impuestos a los que más tienen, incluidas personas y empresas, y evitar tocar a la clase media y a las familias más vulnerables.
Ahora, con las fuentes de ingresos, tanto los partidos políticos, como los empresarios, actores sociales y el Gobierno coinciden que la mejor salida es la propuesta que hizo la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), que puso sobre la mesa hace más de un mes y que suspende los beneficios que se incluyeron para el sector privado en la reforma del 2019.
El Gobierno tiene que encontrar primero acuerdos con el Comité del Paro para avanzar en el trámite de la reforma tributaria
A eso se le sumarían planes más agresivos para reducir la evasión y la elusión, así como una mayor austeridad en las finanzas públicas, punto en el que hicieron énfasis exministros de Hacienda, congresistas, sindicatos y empresarios. Con todas esas propuestas, el Gobierno busca recaudar al menos $14 billones.
De hecho, según Liliana Heredia, profesora de la facultad de economía de la U. Javeriana, “lo más importante es combatir la evasión y la elusión tributarias. Para dar un ejemplo, solo acabando con la mitad de la evasión en IVA y en renta de personas jurídicas se lograría un recaudo de más de $20 billones”.
Otro de los puntos que fueron resaltados por varios actores sociales y empresariales fue la necesidad de que se incluyan a los jóvenes y a las mujeres en el centro de los programas de ayudas y de impulso al empleo.
En eso, por ejemplo, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, planteó un plan de choque para reactivar la economía, en la que planteó un programa público de empleos de emergencia, que tengan un especial foco en grupos más afectados por la pandemia.
Asimismo, también se planteó la necesidad de que se lancen medidas encaminadas para impulsar el empleo y el crecimiento de las empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas organizaciones, que son las que más generan puestos de trabajo en el país.