Ayer, en la Cámara de Representantes se llevó a cabo el segundo debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por parte de la bancada de oposición que pide su renuncia por los presuntos abusos y excesos de la policía durante el paro nacional.
El representante a la Cámara, Mauricio Toro, exigió al funcionario entregar información de las personas desaparecidas en medio de los disturbios, que según la ONG Temblores son al menos 500. Dijo que le parece inaceptable que en una democracia como colombiana acepte “que un agente de la fuerza pública desaparezca personas, las golpee y no les respete sus derechos humanos”.
Por su parte, la congresista de Alianza Verde, Katherin Miranda, reclamó por el supuesto uso de gas lacrimógeno vencido en las manifestaciones de Ibagué. Citó la opinión de la experta Nury Vargas, de la Universidad Nacional, quien asegura que la utilización de estos artefactos podría ser peligroso para la salud humana.
Asimismo, la congresista Ángela María Robledo señaló como principal responsable de la violencia policial al presidente Iván Duque y al ministro de Defensa, Diego Molano, a quien catalogó de no ser “digno” de ocupar el cargo.
Por otro lado, la representante Miranda dijo que el ministro Molano revictimizó a la menor Alison Meléndez, quien apareció muerta en Popayán, luego de denunciar presuntos abusos sexuales por parte de agentes del ESMAD.
“Usted (ministro Molano) mintió en el caso de Alison. La Fiscalía en ningún momento dijo que no hubo abuso sexual, solo descartaba el acceso carnal violento. Usted revictimiza a Alison Meléndez. No es ético ni correcto”, dijo la congresista, quien concluyó su intervención leyendo los nombres de las personas muertas en el marco de las protestas.
Igualmente, el representante de la lista Decentes, David Racero, enfatizó en que en medio de las jornadas de movilización de los últimos días se han evidenciado “todo tipo de abusos policiales, ordenados por un gobierno sordo y empecinado en aumentar los actos de violencia política por parte del Estado”.
Por último, Inti Asprilla, de Alianza Verde, le preguntó al ministro Molano: “¿Una piedra justifica matarla? ¿Qué un joven, le haya dado una patada a un policía, justifique su asesinato?”, cuestionando el uso de armas de fuego por parte de la policía.
La oposición rechazó que el Gobierno colombiano no haya permitido la verificación de los casos de abuso policial por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y compararon esa situación con la de Venezuela.
Por otro lado, y en respaldo al ministro de Defensa, los voceros de los partidos Conservador, de la U, Cambio Radical y Centro Democrático ratificaron su voto negativo a la moción de censura, argumentando que la Fuerza Pública sí está cumpliendo los derechos humanos y que sus integrantes también son víctimas de la violencia.
Algunos de ellos, como el representante uribista Edward Rodríguez, dijo que: “Quiero que nos pongamos en los zapatos de los demás, aquí hay varios factores, entre esas muchas noticias falsas, se habla de 7.700 cuentas falsas para influenciar opiniones”. También pidió investigar quiénes estarían detrás de los actos vandálicos.
Un hecho que llamó la atención fue la objeción de conciencia hecho por el representante José Daniel López, quien criticó la decisión de su partido Cambio Radical, de no apoyar la moción de censura. “Mi corazón, mis principios y mi formación liberal y humanista me impiden validar la gestión del Gobierno en esta crisis», aseguró.
Respuestas de Molano
Fue el segundo debate de Moción de Censura que enfrentó el ministro de Defensa, Diego Molano por excesos de la fuerza en el paro. En la Cámara, reiteró que la función del Gobierno del presidente Iván Duque, es garantizar la tranquilidad a quienes no salen a marchar y el derecho a la manifestación pacífica, “pero frente al vandalismo también hay que actuar, con apego a la ley, para mantener el orden”.
Sobre los presuntos abusos de autoridad, enfatizó el ministro Molano que la Inspección de la Policía adelanta 153 investigaciones a uniformados y manifestó que habrá cero tolerancia a las irregularidades de los integrantes de la Fuerza Pública. «El debate no puede ser si hay más heridos y muertes civiles o policías. Ninguno debe haberse visto afectado», indicó.
El funcionario dijo que hay una política de Derechos Humanos, que ha sido desarrollada y que aplica para toda la Fuerza Pública, para que soldados y policías tengan conocimiento y actúen bajo estricto apego de los procedimientos.
Adicionalmente, Molano dijo que es curioso que en los actos vandálicos se quemen las alcaldías, las URI de las Fiscalía, y se ataquen a instalaciones gubernamentales, como ocurrió en Tuluá, cuando vándalos le prendieron fuego al palacio de Justicia de ese municipio del Valle.