Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, fue recapturado hoy después de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia lo acusara por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
El mandatario, que tenía el beneficio de detención domiciliaria, deberá responder por presuntas irregularidades en la actividad contractual derivada de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, entre La Cruzada-Caucasia.
Gaviria permaneció privado de su libertad un poco más de seis meses el año pasado, pero en octubre pasado quedó libre luego de que el Tribunal Superior de Medellín le concediera un hábeas corpus que interpuso a través de su defensa.
Esta nueva detención se lleva a cabo luego de que de que la Fiscalía encontró irregularidades en un contrato suscrito cuando Gaviria cumplía su primer mandato como gobernador de Antioquia (2004 y 2007).
El contrato, por un valor superior a los 41 mil millones de pesos, se fijó un anticipo del 25%, pero, de acuerdo con las Fiscalía, sin justificación técnica se aumentó a 29%.
La entidad también afirma que existieron irregularidades en el trámite de otro contrato, fechado el 8 de noviembre de 2007, por un valor cercano a los 4 mil millones cuyo objetivo fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de mayores cantidades de obra que no fueron precisadas.
El ente de control también identificó la suscripción del otrosí II, cuatro días antes de que dejara su cargo y luego de haber terminado el empalme con su sucesor. Este tenía el objetivo de construir un puente sobre el río Nechí para, supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la denominada Troncal la Paz.
En este otrosí la Fiscalía encontró que existe una obra que no es complementaria ni tiene relación con el proyecto base “por lo que debió contratarse previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva”, dijo el ente de control.
Además, antes de pagarse los recursos del anticipo, se permitió que una suma superior a 5.000 millones de pesos fuera destinada por el contratista constructor para la adquisición de maquinaria, aun cuando la disposición en obra de equipo suficiente y necesario fue uno de los requisitos de la licitación.
Con la acusación, la decisión estará en manos de la Corte Suprema de Justicia, que adelantará el juicio contra el gobernador.