En entrevista concedida a Portafolio, la directora ejecutiva de Acopi, Rosmery Quintero, asegura que las micro, pequeñas y medianas empresas pasan serias dificultades y hay que crear ayudas.
Por eso, el Gobierno debe considerar una nueva declaratoria de emergencia económica, afirma la directora ejecutiva de Acopi, Rosmery Quintero, en diálogo con Portafolio.
¿Cómo quedan las pymes tras esta segunda ola de la pandemia?
En el fin de año hubo un incremento en los contagios y los alcaldes tomaron medidas. Y si bien prima la salud, es cierto que deben concertar más apropiadamente con el sector empresarial. Abrir y cerrar una empresa no es lo mismo que abrir y cerrar un libro. Eso tiene muchas implicaciones y se comprometen temas como la estructura de costos, la estabilidad de los contratos laborales, entregas de productos o servicios. Nos someten a posibles incumplimientos que se suman a factores de incertidumbre y bajos ingresos.
¿Qué dicen los empresarios?
En nuestra última encuesta, el 41% de los consultados dicen que sus ingresos han disminuido más del 50%. A eso se suma el sobreendeudamiento. Es tal, que una de las medidas que los empresarios están proponiendo para este año es que miremos cómo esa tasa de interés de los créditos, ojalá pueda se asumida por el Gobierno y solamente tengamos que pagar capital, cuando ya se cumpla el período de gracia determinado. Sería un alivio muy importante en estos momentos tan complejos.
¿En qué tipo de créditos?
La mayoría de la financiación que está absorbiendo el sector es respaldada por el Fondo Nacional de Garantías. Ese es el punto de partida y aquí los bancos no van a perder. Lo que pasa es que las empresas estamos dependiendo de los demás y los demás incluye a la ciudadanía en general, porque un pico está sujeto a que nos cuidamos o no.
¿Cuál es el impacto real?
En marzo, cuando se vence la fecha de actualización del registro mercantil, nos vamos a dar cuenta de la gran afectación porque las estadísticas que llevamos están basadas en el número de empresas que solicitan apertura, pero no en el universo de las que tienen registro mercantil, que son muchas más.
Estamos convencidos de que pérdida del tejido empresarial no son aquellas que han pedido acogerse a la Ley de Insolvencia, sino las que hoy son invisibles, y la mayoría son microempresas. No sabemos cuántas se han perdido en el país.
¿Cree que frente a la primera ola se han relajado las medidas?
Nos relajamos en la bioseguridad y, en Bogotá, se dejó de montar capacidad hospitalaria. Esto generó un pico tan elevado. Y mirando los otros instrumentos, el subsidio a la nómina está pero tenemos problemas para el pago de cesantías. Por ejemplo, el 50% acudiría a créditos porque no tiene recursos para pagarlas, y hay que hacerlo para evitar la sanción.
Uno mira la cifra de contagios y en una empresa pequeña es alto. El 64% tiene entre 1 y 5 casos, cuando en promedio tiene 35 empleados. Eso es significativo. Tenemos muchos problemas en un proceso de reactivación tan inseguro.
¿Falta mayor respaldo al sector productivo?
Total. Incluso, ya nos estamos preguntando si los indicadores se han deteriorado significativamente. Por ejemplo, los empleos no los hemos podido recuperar.
La pregunta del millón es si es el momento de una nueva declaratoria de emergencia económica que le facilite al Gobierno crear instrumentos para atender el tejido empresarial y salvar empleos. Dentro de esos instrumentos hay que focalizar esas ayudas. Por ejemplo, en salud a los laboratorios que hacen pruebas les va bien, pero las instituciones que hacen cirugías estéticas están muy afectadas.
Seguimos en un alto nivel de incertidumbre. A pesar de que existe la vacuna, la reactivación requiere mucho tiempo, creo que pasará este año y no recuperaremos la nueva normalidad.
¿Hay ambiente para eso?
El mismo Gobierno tiene la responsabilidad de hacer los análisis. La pregunta es qué es más económico: salvar empresas y empleos ahora o dejar que se acaben ambos y después intentar hacer algo cuando ya la gente está deteriorada, desgastada y con todos los problemas. No quiere decir que yo sea pesimista, son análisis que son necesarios.
Que esto no se extienda tanto que ya después sea demasiado tarde. Hay medidas que sin una emergencia económica serían difícil aprobar. Se necesitarían leyes, pero se requiere tiempo para tramitarlas. Es lo más práctico para el país, una nueva declaratoria y que se tomen decisiones.
¿Y el margen fiscal?
Si miramos la información de la Dian, la gente ha pagado sus impuestos con gran sacrificio. Es más, en el cumplimiento de créditos se está haciendo mucho esfuerzo porque una sanción fiscal acaba la empresa.
Muchas está usando recursos de los mismos socios para responder. Eso es válido a nivel empresarial pero hasta dónde estas estrategias soportan una empresa en la incertidumbre, sobre todo si no sabemos cuándo terminará la crisis.
¿Su mensaje es que se tomen medidas porque la crisis no ha parado?
Esto no va a parar y el proceso de vacunación requiere un tiempo. Va a ser un año bastante largo e intenso en los esfuerzos que hay que seguir haciendo. No es pesimismo, es ser prevenidos y anticiparnos a los impactos, y no perder más tejido empresarial.