Ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviar el expediente del exsenador Álvaro Uribe Vélez a la Fiscalía, el senador Iván Cepeda dijo que recusará al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y pedirá un fiscal ad-hoc para el caso.
Cepeda dijo que será también recusada la vicefiscal, Martha Janeth Mancera, porque considera que existen impedimentos objetivos, debido a un posible conflicto de intereses, toda vez que Barbosa es amigo personal del presidente, Iván Duque (Centro Democrático) e hizo parte de la campaña que lo llevó a la Presidencia de la República de la mano del creador del partido, Álvaro Uribe.
Cepeda, (Polo Democrático), dijo que solicitará que la terna para el Fiscal ad-hoc no sea presentada por el presidente Duque, como regularmente ocurre, debido a que el mandatario no ha disimulado en las últimas semanas el interés que tiene en el caso.
Duque ha defendido públicamente a su mentor político, ha rechazado el accionar de la Corte y ha insistido en la necesidad de hacer una reforma a la justicia, luego de que se conoció la orden de detención domiciliaria de su jefe político.
«No solamente ha expresado públicamente cuáles son sus simpatías, ha hecho una defensa a ultranza del hoy exsenador Álvaro Uribe, sino también ha intervenido o intentado interferir con la independencia del poder judicial. Así que también adelantamos desde ya que vamos a señalar que el señor presidente está impedido para intervenir de cualquier forma en el nombramiento de un fiscal ad hoc», explicó Cepeda.
El senador pidió el 12 de agosto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la ONU que instaran a Duque a cesar cualquier acto de interferencia o presión contra las decisiones judiciales en el proceso contra Uribe.
Esto porque una vez se conoció la decisión de enviar a prisión domiciliaria a Uribe, Duque lamentó que no se le permitiese «defenderse en libertad» y alegó que a criminales sí se les garantiza el no ir a prisión.
La Corte remitirá a la Fiscalía el caso por supuesta compra de testigos y fraude procesal que le sigue al expresidente al considerar que, con la renuncia de Uribe a su escaño como senador, el pasado 18 de agosto, ya no tiene competencia sobre el mismo.
El proceso que tiene a Uribe en detención domiciliaria comenzó en 2012 cuando demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
El proceso contra Cepeda cambió cuando el magistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso, no solo lo archivó sino que le abrió una investigación por supuesta manipulación de testigos a Uribe.
Uribe, uno de los más grandes terratenientes del país, permanece recluido en su finca El Ubérrimo, ubicada en Córdoba.