Transparencia Internacional y su Capítulo en Colombia, Transparencia por Colombia, manifestaron su preocupación, según ellos, «por la creciente concentración del poder en el Presidente de la República, en detrimento de las otras ramas del poder y de las libertades ciudadanas».
A través de un comunicado las organizaciones manifestaron que si bien, en el diseño institucional colombiano el poder ejecutivo cuenta con una amplísima capacidad de decisión «su poder ha aumentado en forma preocupante en meses recientes. Una de las razones ha sido la creciente cercanía del Gobierno a las mayorías en el Congreso».
Según el análisis se identifica un debilitamiento de las autoridades descentralizadas locales frente al gobierno central, y se han presentado acciones cuestionables del gobierno que afectan las libertades de expresión, participación ciudadana y acceso a información pública.
De acuerdo con las conclusiones de Transparencia durante 2020 se han elegido personas cercanas al Gobierno para dirigir la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, y la Defensoría del Pueblo, situación ante la cual se corre el grave riesgo de afectar la independencia que debe tener dichos órganos externos de control frente al poder ejecutivo.
«Durante la pandemia se ha identificado una tendencia de aumento de la discrecionalidad del poder ejecutivo en muchos países, sin embargo, nos genera una profunda preocupación que el sistema de pesos y contrapesos en Colombia se vea afectado también por cuestionamientos a la independencia de instituciones que precisamente deben vigilar y controlar su acción”, indicó Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional.
“Alertamos que la estabilidad y la independencia del sistema del control al poder en nuestro país está en riesgo”, indicó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
Colombia ha anunciado que destinará 25 billones de pesos para enfrentar la pandemia y atender la recuperación económica. Además, el país cuenta con 10.8 mil millones de dólares de capacidad de apoyo del Fondo Monetario Internacional en caso de ser requeridos.
“Durante la atención a la pandemia ya se han evidenciado irregularidades en el uso de recursos públicos y se han tomado decisiones cuestionables sobre la ayuda directa a grandes empresas. Un control débil y poco independiente, puede facilitar decisiones que favorezcan intereses particulares”, agregó Hernández.