En una decisión que se opone al interés del gobierno del presidente Iván Duque de admitir ayuda de militares estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de la brigada militar de Estados Unidos que llegó al país a comienzos de junio.
Los militares llegaron para apoyar, en asistencia y entrenamiento, la lucha contra el narcotráfico, pero quienes se oponen a este tipo de cooperación, criticaron en particular dos asuntos: el primero, que los militares estadounidenses estaban destinados a operar en zonas fronterizas con Venezuela, en momentos en los que desde Estados Unidos se habla de la posibilidad de un intervención militar en el vecino país y cuando acababa de fracasar una torpe operación realizada por contratistas militares y bautizada como ‘operación Gedeón’, y en la que fueron capturados dos estadounidenses.
El segundo tema tiene que ver con el hecho de que la autorización para el ingreso de los militares de Estados Unidos para realizar tareas contra el narcotráfico no pasó por el Congreso de la República.
Y es sobre este último aspecto que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló una tutela que interpusieron los congresistas Iván Cepeda, Aída Avella, Antonio Sanguino, Gustavo Petro y otros. El Tribunal les dio la razón al considerar que la autorización para la llegada de los militares estadounidenses debió pasar por el Senado de la República.
Por esta razón le ordenó al presidente, Iván Duque, que además envíe al Senado “toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos de América”.
De esta manera, el Senado tendrá la oportunidad de asumir su función de control político ante el tránsito de tropas extranjeras en servicio o misión oficial en Colombia, tal y como está estipulado.
Tanto la orden de suspender la autorización de toda actividad de los militares extranjeros, como la de enviar un informe al Senado, deberá cumplirlas el presidente Duque en las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela.
Para el Tribunal, el permitir el tránsito de tropas extranjeras en el territorio colombiano es atribución del Senado y es competencia del Consejo de Estado, por la vía de consulta, como desarrollo del control político que ambos ejercen sobre el Presidente de la República.
Hace algunas semanas el presidente del Consejo de Estado, magistrado Álvaro Namen, le pidió un informe al presidente Duque sobre la llegada de los militares extranjeros y dijo que según la Constitución, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional demanda la intervención del Consejo de Estado, entre otras autoridades.
En ese sentido, el fallo de tutela dice que al no someter al Senado y al Consejo de Estado la llegada de las tropas estadounidenses, el presidente Duque se dio una competencia que no tenía. De acuerdo con el Tribunal, de esta manera se vulneraron los derechos a la participación política y el debido proceso constitucional de los Senadores que interpusieron el recurso. El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo aseguró que el Gobierno acatará la decisión judicial: «El Gobierno Nacional es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la Rama Judicial. En consecuencia, se dará cumplimiento a la orden judicial».
Sin embargo, explicó que impugnarán el fallo para que sea revisado por el Consejo de Estado porque, en su criterio, «la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento, de un componente de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad, a la luz del ordenamiento constitucional no requiere permiso del Senado de la República».