Al infortunio del país por el ‘liderazgo’ de los últimos días en materia de contagios de covid-19 se le sumó otra noticia terrible: Colombia es el país donde más ambientalistas fueron asesinados durante el año pasado.
El dato, proporcionado por la Organización No Gubernamental del Reino Unido Global Witness, es que durante el 2019 fueron asesinados en esta nación 64 líderes que luchaban por la protección del medio ambiente.
El informe de Global Witness, denominado ‘Defendiendo el mañana’ la ONG hizo un registro de 212 homicidios en todo el mundo, de los cuales el 30 por ciento ocurrieron en Colombia y el 20 por ciento en la Filipinas del presidente Duterte, un megalómano que promueve que la policía asesine a los pequeños traficantes de drogas.
En Colombia no hay un Duterte, pero las políticas de protección de los líderes sociales y de los ambientalistas son tan pobres, que parece que el Gobierno solo estuviera dejando que las cosas ocurran sin intervenir.
Entre las personas asesinadas el año pasado, cuando además cientos de líderes sociales y exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc también fueron acribillados, están quienes se dedicaban a proteger el medio ambiente de la explotación minera, o de la agricultura a gran escala y, en términos generales porque se opusieron a la apropiación de sus tierras por parte de grupos armados que buscan el control de los cultivos ilícitos.
Una de las víctimas fue la líder indígena Cristina Bautista, asesinada en la masacre perpetrada en el resguardo de Tacueyó, en Toribío (Cauca). La ONG la atribuye a grupos armados porque impulsaba el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, en su territorio.
Y aunque desde el Gobierno insisten en que la protección de los líderes que buscan la protección del medio ambiente es una prioridad y que por eso se firmó el denominado Acuerdo de Escazú, en la práctica cada día se reportan noticias de nuevas víctimas.
Ben Leather, investigador principal de Global Witness, le dijo al diario El Tiempo que hasta que no se realicen investigaciones y sentencias por parte de los gobiernos, no se sabrá en definitiva quién fue el perpetrador de los ataques. “Sin embargo, es muy útil reportarlo, porque esto nos da una idea lo que ocurre en estas zonas”, afirmó.
Entre las razones expuestas en el informe para que Colombia pasara de 24 víctimas en 2018 a 64 en 2019, está la lenta aplicación de los acuerdos de paz por parte del gobierno del presidente, Iván Duque, quien hizo campaña precisamente sobre la idea de ‘volver trizas’ dicho acuerdo.
Eso ha implicado, entre otras cosas, la falta de decisión gubernamental para ocupar los territorios en los que antes hacía presencia la guerrilla y que ahora están en manos de grupos paramilitares o de disidencias de las Farc que viven de los cultivos ilícitos.
La ONG relaciona precisamente el incremento en el número de víctimas con la mala implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) del Gobierno Nacional y registra que 14 de las víctimas apoyaban y promovían la sustitución de dichos cultivos.
Lo peor de este panorama es que los defensores del medio ambiente son, a juicio de Global Witness, la primera línea de defensa contra la crisis por el calentamiento global. Ellos no solo están ahí para defender sus intereses y los de sus comunidades, sino para luchar por el planeta.
«La agroindustria y el petróleo, el gas y la minería han sido los principales impulsores industriales del conflicto y, al talar bosques y emitir dióxido de carbono, también son los sectores que nos empujan aún más hacia el cambio climático», dice el informe.
Las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente desempeñan un rol vital en la protección de los bosques y ecosistemas críticos para la preservación climática.
Investigaciones recientes demuestran que las comunidades indígenas y locales de todo el mundo están gestionando bosques que contienen un nivel de carbono equivalente a 33 veces nuestras emisiones anuales actuales.
Varias investigaciones han dado cuenta de que los territorios gestionados por indígenas tienen menores tasas de deforestación y mejores resultados de conservación en comparación con las zonas de protección que excluyen a esos pueblos.
Pero ellos también están siendo víctimas de los ataques, no solo de los grupos armados ilegales, sino de colonos que se sienten con el derecho de atropellarlos sin que el Estado les ponga freno, pues carece de una presencia efectiva en las zonas habitadas por las comunidades indígenas.