Salir de su territorio para conseguir alimentos y víveres, implica para las comunidades de un resguardo indígena en Tumaco (Nariño), dejar a sus familiares como “garantía” de su regreso.
La situación de control territorial ejercida por grupos ilegales se ha agudizado, al punto que la población enfrenta además campos minados y amenazas permanentes, en lo que es considerado como una condición de secuestro por parte de las propias autoridades.
En medio de una disputa por el control del territorio en Llorente, corregimiento del municipio de Tumaco, la disidencia denominada Oliver Sinisterra, que se creyó desmantelada tras la caída de Walter Arizala, conocido como alias “Guacho”, fue emitida una orden a las cerca de 100 familias del Resguardo Indígena Santa Rosita.
Mauro Nastacuas, gobernador del cabildo, recordó que ese día les explicaron que los controles para salir y entrar a la zona serían más estrictos.
“Si yo digo que voy para el pueblo, dicen cuántos días vamos a estar por fuera y uno tiene que volver”, advirtió.
El mayor temor entre la población se hizo realidad, cuando entre las órdenes dadas por los grupos ilegales estaba que quienes salieran debían dejar como una especie de prenda de garantía a uno de sus familiares para asegurar su regreso y evitar que filtraran información.
“Si tiene hijos, deja a los hijos y trae las cosas, dos o tres días y vuelve y ellos están viendo si uno volvió o no volvió y luego ya uno viene a preguntar por los hijos”, agrega el gobernador Nastascuas.
La investigadora Alejandra Díaz*, experta en Derechos Humanos, ha conocido de cerca la situación de la comunidad Awá.
Explicó que ha sido testigo del temor, “al hecho de que si se mueven pueden ser señalados y pues incluso heridos o muertos por cuenta de haber faltado a las órdenes de confinamiento de los actores armados”.
Cabe mencionar que la zona es disputada por la disidencia Oliver Sinisterra y por otro grupo que inicialmente se denominó como ‘Los Contadores’, que hoy se conoce como la disidencia Iván Ríos.