El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aclaró que el cese de operaciones militares anunciado durante la Semana Santa por el Gobierno contra las disidencias de las FARC sólo aplica al 11 % de estos grupos, con los que tiene negociaciones de paz.
Este 11 % se corresponde únicamente con las disidencias de alias ‘Calarcá’, único grupo con el que el Gobierno mantendrá el cese de operaciones desde el 18 de abril hasta el 18 de mayo del 2025.
«Contra el otro 89 % de estos grupos se mantienen absolutamente todas las operaciones», explicó el ministro y añadió que las operaciones se mantienen «contra el ELN, el Clan del Golfo y otros grupos».
El Gobierno ordenó el pasado viernes la suspensión de «las operaciones militares y las operaciones especiales de la Policía Nacional» contra unas disidencias de las FARC con las que tiene negociaciones de paz, un día después de no prorrogar el cese al fuego bilateral con esos grupos.
El decreto señala que no se hará ese tipo de operaciones contra integrantes de los Bloques Magdalena Medio ‘Comandante Gentil Duarte’, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, que conforman el Estado Mayor de Bloques (EMB), escindido del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.
El documento tampoco implica la suspensión de operaciones ofensivas contra otros grupos de las disidencias de las FARC como las de ‘Iván Mordisco’, la Segunda Marquetalia, el frente 57 o la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, agregó el ministro.
Sánchez Suárez ofreció estos datos al hacer el balance de seguridad en la Semana Santa, en el que estuvo acompañado por el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, y el director general de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana.
«Se debe mantener la inteligencia y la contrainteligencia contra estos grupos para actuar de manera preventiva ante cualquier afectación de los derechos de todos los colombianos», declaró Sánchez Suárez.
La orden para todos las autoridades, explicó el ministro, es «actuar con todas las capacidades y fuerza legítima del Estado e incluso desarrollar un combate» en caso de riesgo vital, «porque lo que van a encontrar es una amenaza letal, una capacidad letal inminente. Posterior revisaremos de quién se trataba».
«La paz depende de la decisión activa y efectiva del Estado, no de la voluntad de aquellos que decidieron portar las armas para asesinar a nuestros colombianos», concluyó Sánchez Suárez.