El comisionado consejero de paz de Colombia, Otty Patiño, reconoció que el Gobierno no analizó la alerta temprana emitida el año pasado por la Defensoría del Pueblo sobre una posible confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC en la región del Catatumbo, como ocurre desde el pasado 16 de enero.
«Lo que se notaba a través de las alertas era una exacerbación del conflicto. No hubo, y quiero ser muy autocrítico, un análisis a fondo de por qué se estaban presentando esa exacerbación de las confrontaciones entre quienes tenían una situación de estado de convivencia, entre lo que llaman (…) el Frente 33, y el ELN en esa región», expresó Patiño.
Patiño participó en una sesión técnica del estado de cosas inconstitucional (ECI) de las garantías de seguridad a los firmantes del Acuerdo de Paz, organizado por la Corte Constitucional, en la que se habló de lo que sucede en el Catatumbo, Norte de Santander, pues la violencia guerrillera ha dejado al menos seis excombatientes de las FARC asesinados.
La crisis humanitaria y de seguridad en el Catatumbo era algo anunciado por diversas autoridades, entre ellas la Defensoría del Pueblo, que el pasado 15 de noviembre advirtió, mediante su sistema de alertas tempranas, de «la situación de riesgo» para la población civil por la presencia y amenazas de los grupos armados ilegales.
Desde el 16 de enero, los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo dejan entre 60 y 80 muertos según los conteos de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander, mientras que la cifra de desplazados es de más de 50.000 personas.
Sin embargo, las autoridades solo han podido recoger 47 cuerpos por la situación que siguen viviendo las zonas rurales más alejadas, donde las autoridades aún no han podido acceder. Entre las víctimas mortales hay seis firmantes de paz, mientras que nueve excombatientes de las antiguas FARC están desaparecidos.