La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra cinco congresistas y un ex representante a la Cámara por su presunta vinculación con hechos de corrupción en la entidad estatal de atención de emergencias, un escándalo que también salpica a varios miembros del Gobierno y a otros legisladores.
La Sala de Instrucción del alto tribunal detalló que esa decisión está relacionada con «presuntos acuerdos ilegales sobre funciones propias de los miembros del Congreso de la República, así como con presuntas irregularidades en la aprobación de proyectos y eventuales contrataciones en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD)».
Los investigados son los senadores Liliana Bitar (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y los representantes Wadith Manzur (Cambio Radical), Julián Peinado (Partido Liberal) y Karen Manrique (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz).
También figura entre los investigados el exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz (Alianza Verde), que renunció en febrero de este año a su cargo por «temas de salud».
El escándalo de corrupción en la UNGRD, organismo que se encarga de atender y prevenir emergencias causadas por desastres naturales en el país, fue destapado por la prensa en febrero pasado y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del Gobierno.
Entre los señalados figura el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien según la Fiscalía fue determinante, en coordinación con el exdirector de la UNGRD Olmedo López para la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 20,7 millones de dólares).
Según la investigación, los dos funcionarios supuestamente buscaban beneficiar a los cinco congresistas y al entonces representante Muñoz a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
En ese sentido, la Corte aseguró hoy que tuvo en cuenta «más de cincuenta pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de diez pruebas testimoniales» para construir «una hipótesis» según la cual los seis investigados «habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD».
«En concreto, a cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en (los pueblos de) Cotorra, Saravena y en Carmen de Bolívar», agregó el tribunal.
Por esa razón, los cinco congresistas y el exrepresentante serán citados a indagatorias para «avanzar en el esclarecimiento de los hechos y establecer si se infringió la ley penal y quiénes habrían sido los sujetos de esa infracción».
Por este caso, la Corte Suprema de Justicia también abrió una investigación la semana pasada contra los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle.
El senador Name, de la Alianza Verde, y el representante Calle, del Partido Liberal, fueron acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
En mayo pasado, el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla reveló que el dinero de la UNGRD fue usado en 2023 para pagar millonarias coimas a Name y Calle.
Ese dinero supuestamente fue desviado del asignado para la compra de 40 camiones cisterna para abastecer de agua al departamento caribeño de La Guajira, un proyecto en el que se malversaron los recursos porque además los vehículos adquiridos no cumplían las condiciones técnicas, entre otras fallas.