El Gobierno tomó el control de la empresa Air-e, entidad que había solicitado la intervención estatal alegando una crisis en el sector energético y para poder garantizar el servicio de energía eléctrica a casi 5 millones de habitantes en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, ubicados en el norte del país.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó sobre el procedimiento de toma de posesión de la empresa, que comenzó con el nombramiento de un gerente interventor Carlos Diago, y agregó que se garantizará la prestación de servicios de energía eléctrica.
“Para el Gobierno Nacional lo más importante es garantizar el derecho de los habitantes de los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena, donde opera la compañía,”, anotó el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, quien dijo que responderán «al clamor de la Costa de un buen servicio, sin altas tarifas”.
El funcionario explicó que la intervención de Air-e en principio sería por un año, aunque no se descartó una ampliación del término. En la comunicación que enviaron al Gobierno pidiendo la intervención, la empresa Air-e manifestó que “las condiciones actuales del mercado, incluyendo los altos costos de generación y la volatilidad en la Bolsa de Energía, han puesto una presión considerable a la estabilidad financiera de las empresas comercializadoras y distribuidoras”.
Sin embargo, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) desmintió a la empresa, explicando en un comunicado que el alza desproporcionada en las tarifas a los usuarios de Air-e se debe a que comenzó a cobrar en menor tiempo la deuda por la congelación de la tarifa durante la pandemia, lo que “les ha subido la tarifa más del doble que a los usuarios en el interior del país”.
Aunque el Gobierno se ha comprometido en varias oportunidades a que desde la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) va a modificar la normatividad para reducir la tarifa que deben pagar los usuarios, por el momento no se ha dado. Intervenciones No es la primera intervención que el Estado colombiano ejecuta a una empresa de energía eléctrica en la región Caribe.
La primera fue a finales de la década de los 90 cuando el gobierno de Cesar Gaviria liquidó a las empresas públicas electrificadoras departamentales, que se habían convertido en focos de corrupción e ineficiencia.
Años después, Electricaribe estuvo al frente del servicio público con grandes problemas de continuidad y calidad en el suministro de energía en los siete departamentos del Caribe colombiano, lo que llevó en 2016 a la segunda intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, decretándose la liquidación en 2017.
En el año 2020 el Gobierno del entonces presidente Iván Duque dividió el mercado de la región en dos sectores: el primero con los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar atendido por Afinia y el segundo por Air-e para los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cesar.