La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició el juicio adversarial, el primero desde su creación, contra el coronel retirado del Ejército colombiano Publio Hernán Mejía, acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad, cargos que no aceptó.
Mejía enfrenta cargos graves relacionados con ejecuciones de civiles cometidas entre 2002 y 2004 en el conflicto armado colombiano. El proceso adversarial en la JEP se activa cuando el compareciente no contribuye con verdad plena y no reconoce responsabilidad por las presuntas conductas cometidas, como pasa con Mejía.
El juicio, que se desarrolla en Valledupar, capital del departamento del Cesar, arrancó con una audiencia preparatoria en la que Mejía reafirmó que no aceptaba los cargos imputados en su contra.
Luego de esta audiencia preparatoria, el juicio se celebrará en varias fechas clave entre septiembre y diciembre de 2024. La fase final del juicio está programada para los días 3 y 4 de diciembre de este año.
Este proceso judicial tiene relevancia porque es la primera vez que la JEP implementa el modelo adversarial transicional, garantizando la participación activa de las víctimas. Los abogados de las víctimas podrán realizar preguntas complementarias durante el juicio, una novedad que busca dar mayor voz a quienes sufrieron directamente las consecuencias de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA, la Fiscalía de la JEP) acusa a Mejía de participar en al menos 35 hechos representativos que victimizaron a 72 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.
En el juicio serán escuchados los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana Arango como testigos. El 7 de julio de 2021, la JEP le imputó a Mejía crímenes de guerra y lesa humanidad, dentro del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Como comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, Mejía fue hallado «máximo responsable por su participación determinante en el asesinato de 75 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira».
Tras decidir no reconocer su responsabilidad, el proceso fue remitido a la UIA que lo acusó ante la sección por la comisión de al menos 35 hechos representativos en los cuales se victimizó a 72 personas entre enero de 2002 y noviembre de 2003, por conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en calidad de autor y coautor mediato.