La fiscalía de Venezuela abrió el lunes una investigación penal contra los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia por presunta «instigación a la insurrección», luego que exhortaran a los militares a ponerse «del lado del pueblo» entre denuncias de fraude en las presidenciales. La Fuerza Armada de Venezuela ha expresado su «apoyo incondicional» y «lealtad absoluta» al presidente Nicolás Maduro y rápido reconoció la proclamación del gobernante de izquierda para un tercer mandato de seis años. «Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen del lado del pueblo y de sus propias familias.
Con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando se alinea con Maduro y sus viles intereses», señaló la carta abierta, que firman Machado y González Urrutia, que la representó en la elección, como «presidente electo». La fiscalía anunció poco después la apertura de una investigación penal contra Machado y González Urrutia por «abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes». Se les señala, entre otros delitos, de «usurpación de funciones» e «instigación a la insurrección».
El Consejo Nacional Electoral (CNE), señalado por la oposición de servir al chavismo, proclamó a Maduro como presidente reelecto con 52% de los votos frente a 43% de González Urrutia. Horas después del primer boletín, estallaron manifestaciones que fueron reprimidas por las fuerzas del orden, y que dejaron al menos 11 civiles fallecidos, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos. Maduro informó de que hay más de 2.000 detenidos. Además, indicó que dos militares murieron y sostiene que las protestas forman parte de un plan para derrocarlo.
«Los venezolanos no somos enemigos de la FAN (Fuerza Armada)», señaló los opositores en su carta. Machado anunció el jueves pasado que pasó a la clandestinidad por temor a su vida, aunque hizo una aparición sorpresiva para participar de una manifestación el sábado en Caracas con miles de seguidores. Maduro ha pedido cárcel para ambos. González Urrutia no ha sido visto en público desde el martes pasado. – «Santa palabra» – La oposición insiste en tener las pruebas que demuestran que hubo un fraude el 28 de julio y exige al CNE que publique las actas de votación.
Es un pedido que también hacen muchos países, que reclaman un escrutinio más transparente. Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también de línea oficialista, «certificar» la elección a través de un proceso que académicos y dirigentes políticos consideran improcedente. «Hay un Tribunal Supremo y ese tribunal tendrá santa palabra de un proceso bajo ataque nunca visto», ha dicho el mandatario. La Sala Electoral del TSJ pidió al CNE las «actas de escrutinio de las mesas electorales a nivel nacional» y el «acta de totalización definitiva». El jefe del CNE, Elvis Amoroso, tiene previsto asistir al final de la tarde. En paralelo, centenares de seguidores de Maduro marcharon bajo la lluvia hasta el palacio presidencial de Miraflores. – «Transición pacífica» – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su apoyo a «la aspiración del pueblo venezolano a una elección transparente» después de una conversación telefónica con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
«Esta exigencia está en el corazón de cualquier democracia», afirmó. Lula llamó luego «a las partes al diálogo y a promover el entendimiento entre gobierno y oposición» durante una reunión con el mandatario chileno Gabriel Boric en Santiago. Brasil, México y Colombia impulsan un acuerdo político. Estados Unidos instó por su parte «a los partidos venezolanos a iniciar conversaciones sobre una transición pacífica de regreso a las normas democráticas», declaró Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado. «Seguimos pidiendo transparencia y la publicación de los recuentos de votos detallados, aunque admitimos que ha pasado más de una semana desde las elecciones y una publicación de esos votos requeriría un escrutinio minucioso», añadió.
Estados Unidos no reconoce los resultados, al igual que la Unión Europea y otros países latinoamericanos. El canciller venezolano, Yván Gil, dijo que la declaración de Washington «deja en evidencia que está al frente del intento de golpe de Estado, y que desconoce la voluntad democrática del pueblo venezolano».