Los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, han presentado una ponencia en la que solicitan abrir una investigación y formular cargos contra el presidente Gustavo Petro y el entonces gerente de su campaña, Ricardo Roa, por presunta violación de los topes de gastos de campaña.
Tras varios meses de investigación, los magistrados Prada y Ortiz han compilado un extenso informe que, según ellos, sugiere que el Pacto Histórico, la coalición liderada por Petro, habría excedido los límites legales de gastos de campaña. Estas conclusiones se basan en hallazgos de inconsistencias en los registros de vuelos utilizados por Petro y su equipo durante el año 2022, así como en el supuesto pago a más de 60,000 personas que actuaron como testigos electorales para el Pacto Histórico.
El CNE ahora debe decidir si aprueba la formulación de cargos contra el presidente Petro. Si la votación es positiva, se iniciará una investigación formal sobre la presunta financiación ilegal de la campaña electoral.
La decisión final recae en la sala plena del CNE, compuesta por 10 magistrados, de los cuales 9 tienen derecho a voto. Sin embargo, Pablo Cruz, representante del partido Comunes en virtud del Acuerdo de Paz, no puede votar. Se requieren al menos cinco votos a favor para que la ponencia sea aceptada.
Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, ha calificado esta decisión del CNE como un «golpe blando». En su declaración, criticó lo que considera una interpretación sesgada de la ley, señalando que las donaciones a partidos políticos, como las recibidas por el Centro Democrático, son aceptadas, mientras que las recibidas por Colombia Humana son consideradas irregulares. También defendió el pago a los testigos electorales como un derecho ciudadano y no como un acto de campaña.
Según la ponencia presentada, durante la segunda vuelta presidencial de 2022, el tope de gastos establecido por el CNE fue de $13,000 millones, pero se estima que la campaña de Petro superó este límite en más de $6,000 millones, los cuales no fueron reportados. Uno de los indicios presentados es el pago de $60,000 a cada uno de los 60,000 testigos electorales del Pacto Histórico, una transacción que no fue debidamente registrada.