En detalle, ante 316 autoridades, líderes y lideresas indígenas y afrocolombianas, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) socializó la decisión judicial con la que se imputaron hechos y conductas a 10 exintegrantes de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de las extintas Farc-EP.
Durante las notificaciones con pertinencia étnica, que se dieron en el marco del Caso 05, que priorizó la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, participaron 127 organizaciones que representan a más de 180.000 víctimas acreditadas en el proceso judicial que lleva la JEP.
Este proceso de notificación con pertinencia étnica, que finalizó el 1º de septiembre, tuvo una amplia participación de las autoridades étnicas y las víctimas de los 17 municipios priorizados por la Jurisdicción y contó con la participación de diferentes organizaciones de carácter étnico, como el CRIC, ACONC, ORIVAC, ASOM, ACIN, HILEROS y Afroamérica XXI.
La notificación permitió socializar el contenido de la decisión judicial con diferentes comunidades y pueblos étnicos e indígenas. La diligencia comenzó el 27 de marzo con las comunidades afrocolombianas en Santander de Quilichao; siguió los días 29, 30 y 31 de marzo con los pueblos indígenas en Caldono, Florida y Santander de Quilichao; y el 30 de marzo con las comunidades campesinas en Pradera.
El 6 de junio pasado se realizó la notificación con pertinencia étnica del auto a las autoridades de 88 consejos comunitarios afrocolombianos en Santander de Quilichao. La ceremonia contó con la participación de Francia Márquez Mina, vicepresidenta de Colombia y víctima acreditada en el Caso 05.
Después, el 22 de agosto se realizó en Popayán la notificación de las autoridades indígenas de la Asociación de Cabildos Uh Wala Vxic (‘El gran territorio del águila’), en representación de los resguardos Honduras, Agua Negra, Chimborazo y Cabildo Nueva Esperanza, así como la Asociación de Cabildos Nasa Uss en representación del Resguardo de Muse Ukwe.
El 23 de agosto se hizo en Cali la notificación con pertinencia étnica del auto a las autoridades indígenas de los resguardos Kwe’sx Yu Kiwe, Kwe’sx Kiwe, Triunfo Cristal Páez, Nasa Tha y los cabildos San Juan Páez Loma Gorda y Kwe’sx Tata Kiwe de Las Guacas, en Florida; así mismo fueron notificados el resguardo Kwe’sx Kiwe Nasa y el Cabildo Pueblo Nuevo de Jamundí y el resguardo Kwe’t Wala y sus territorios ancestrales en Pradera.
Finalmente, el pasado 1º de septiembre se llevó a cabo la notificación con pertinencia étnica de los resguardos y cabildos que conforman la Asociación de Cabildos Indígenas de Norte de Cauca Çhxab Wala Kiwe (ACIN), que fue reconocido como víctima colectiva ante la JEP.
Representa a los resguardos y cabildos Corinto, López Adentro, Canoas, Delicias, Cabildo Sinaí Alto Naya, Cabido Pueblo Nuevo Ceral, Huellas, Toez, Jambaló, La Cilia Miranda, Toribío, San Francisco, Tacueyó, Cabildo Cerro Tijeras, Guejía Kiwe, Kite Kiwe, Guadualito, Cabido Playón Naya, Resguardo Munchique Los Tigres, Resguardo de Concepción, Resguardo Nasa Kiwe Tcxcxas y el Cabildo Nasa de Cali
Ese mismo día fueron notificados los miembros de la Asociación de Cabildos Ukawe’s’ Nasa C’hab, reconocido como víctima colectiva en representación de los resguardos Pioya, San Lorenzo de Caldono, Laguna Siberia, Pueblo Nuevo, La Aguadad San Antonio y Las Mercedes; y también se realizó la notificación de los Tejidos de Justicia y Armonía, Mujer y Defensa de la Vida de la ACIN.
Las autoridades y las víctimas indígenas, afrodescendientes y campesinas del norte de Cauca y el sur de Valle del Cauca destacaron la importancia de que la JEP haya imputado crímenes contra la naturaleza y el territorio, persecución, confinamiento y utilización de minas antipersonal en el marco del Caso 05. Así mismo, resaltaron la importancia de que las decisiones sobre crímenes cometidos contra los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos tengan un enfoque étnico y territorial.
En estas notificaciones, que contaron con la participación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y la Procuraduría General de la Nación, la JEP y las organizaciones étnicas rindieron homenaje a los líderes sociales asesinados, después de la firma del Acuerdo de Paz, que han participado en el Caso 05. Además, hicieron un llamado al cese de la violencia en los territorios.