El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, propuso la creación de un fondo para atender las recomendaciones que se emiten a través del Sistema de Alertas Tempranas para garantizar la mitigación de los riesgos en las comunidades afectadas por la violencia que ejercen los grupos armados ilegales, delincuenciales, u otras organizaciones criminales en los territorios del país.
La propuesta pretende que los recursos puedan destinarse a los municipios más pequeños que no cuentan con sustento económico para brindar apoyo y evitar las vulneraciones a los derechos humanos.
“Nuestras Alertas Tempranas ayudan a mitigar el riesgo latente en los territorios, riesgo en amenazas, reclutamiento forzado, en desplazamiento forzado, confinamientos de las comunidades, homicidios contra líderes sociales”, indicó el Defensor del Pueblo al explicar la propuesta.
Dijo, además, que no están siendo atendidas con eficacia las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, y sostuvo que el 75% de las advertencias terminan en la consumación de los hechos.
Incluso, reclamó por qué al encuentro de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), realizado este lunes en Tumaco (Nariño), no asistieron altos funcionarios del Gobierno Nacional responsables de la toma de decisiones para mitigar los riesgos entregados en las Alertas Tempranas, ni de la Gobernación de Nariño, ni de las alcaldías de la región. La cita intersectorial tenía como objetivo atender los riesgos a la integridad y la vida de los líderes sociales de esa zona sur del país.
“Le exigimos al Gobierno Nacional una verdadera política de prevención en materia de protección a líderes sociales, y en prevención de cualquier conducta vulneratoria de derechos humanos. Para la Defensoría, la protección de los derechos exige un marco normativo robusto, entonces, ¿dónde está la política pública de protección?”, manifestó el Defensor del Pueblo.
Carlos Camargo Assis reiteró que los grupos armados ilegales están usando la violencia para influir en las próximas elecciones. “Los grupos armados ilegales no pueden seguir ganando terreno, no pueden seguir imponiendo su ley en los territorios, no pueden arrodillar al Estado. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan por la fuerza en nuestra democracia”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
Los estudios en terreno de la Defensoría del Pueblo señalan que las vulneraciones a los derechos humanos han aumentado. Entre enero y mayo de este año cuenta con un reporte sobre desplazamiento de más de 15.000 personas. En el país también existe una expansión de grupos armados ilegales; en 2022 hacían presencia en 12 departamentos, sin embargo, en 2023 aumentaron al doble, el equivalente a 390 municipios.
La propuesta sobre la creación del fondo fue hecha por Carlos Camargo Assis en el desarrollo del Foro Desafíos, Seguridad y Territorio 2023 que se adelantó en Bogotá.