Como lo había anunciado en días pasados, el saliente ministro de Transporte, Guillermo Reyes, denunció a ejecutivos y directivos de la aerolínea Ultra Air por varios delitos, tras su cese de operaciones el pasado 30 de marzo.
La demanda ante la Fiscalía General de la Nación es contra los representantes legales William Shaw (CEO de Ultra Air), Oscar Hernán Herrera y Abel de Jesús López. Además de los miembros principales de la junta directiva de la aerolínea David Bojanini García, Ilva Restrepo, Juan Alberto Londoño, Juan Carlos Altmann y Claudia Elena Múnera por la suma de más de $48.200 millones.
«Las personas acá denunciadas en nombre de la sociedad Ultra Air vendieron y ofertaron al público en general los tiquetes y trayectos aéreos teniendo claro que se trataba de un servicio que no podrían cumplir», se lee en el documento de la demanda.
Los presuntos delitos que habrían cometido estas personas serían estafa agravada en modalidad masa, ofrecimiento engañoso de productos y servicios y perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial.
En el documento, se establece que la compañía aérea Ultra Air, a pesar de tener conocimiento de su pronto cese de operaciones, continuó realizando la venta de tiquetes a miles de personas.
Según se describe en el archivo presentado ante la Fiscalía, estas conductas son claramente antijurídicas, ya que sabiendo su situación, Ultra Air permitió que los usuarios realizaran transacciones de compra con la aerolínea y además, siguieron ofreciendo más servicios, teniendo claro que no podrían cumplirle a sus clientes con estos vuelos.