El Gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 2422 del 2022, por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, que tendrá como tarea fundamental “la coordinación y articulación para la ejecución de la facultad presidencial de admitir como voceros a ciudadanos o ciudadanas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad”.
Según el decreto, firmado por el Presidente, la Comisión estará integrada por el ministro del Interior, Alfonso Prada; el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna; el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano.
Esta Comisión, que será presidida por el ministro de Justicia, tendrá entre sus funciones la de “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos o ciudadanas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros”.
Además, la Comisión definirá “los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022”, es decir, admitir como voceros a ciudadanos o ciudadanas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias privados de la libertad.
En el mismo sentido, el Decreto 2422 determina que la Secretaría Técnica de la Comisión estará a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y señala que entre sus tareas está la de convocar a las sesiones de manera ordinaria, por lo menos una vez cada trimestre.
En la firma del Decreto al Jefe de Estado lo acompañan los Ministros del Interior y de Defensa, así como la Viceministra de Promoción de la Justicia encargada de las funciones del despacho del Ministro, Jhoana Alexandra Delgado Gaitán y el Director del Dapre, Mauricio Lizcano.
En diálogo con Semana, el fiscal general, Francisco Barbosa, advirtió sobre los serios riesgos de la propuesta presidencial. “Cualquiera puede ser designado gestor de paz, incluso estando privado de la libertad. Pero esa gestión de paz no necesariamente implica salir de la cárcel. Frente a esto debe existir una relación con organizaciones criminales que estén en procesos de paz. El Ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la Rama Judicial frente a delitos comunes, como los que se cometieron en el marco de las violentas protestas”.