La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad puso en marcha el proceso restaurativo e inició la preparación de la audiencia pública de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los 23 comparecientes que aceptaron su responsabilidad en los asesinatos de 296 personas, ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame, Arauca, entre 2005 y 2008.
A través del Auto 055 de 2022, la JEP imputó y llamó a reconocer su responsabilidad a 22 exintegrantes de la Brigada XVI del Ejército, al exdirector del extinto DAS Casanare y a dos terceros civiles, en el marco del Caso 03, ‘Asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado’, Subcaso Casanare.
La JEP recibió el reconocimiento escrito de responsabilidad de 20 exintegrantes de la Brigada XVI del Ejército Nacional, del exdirector del extinto DAS Casanare y de 2 terceros civiles imputados por la comisión de asesinatos y desapariciones forzadas de personas en estado de indefensión.
Se trata del mayor general (r) Henry William Torres Escalante, quien sostuvo lo siguiente: “(…) mi responsabilidad se funda en las presiones permanentes que hice a mis subordinados, mismas que me eran aplicadas por parte de mis superiores, exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las bajas en combate, lo que indiscutiblemente me llevó a ser reiterativo e incisivo en la Unidad que comandaba, cuando debí ejercer una comandancia mesurada en la emisión de órdenes. Lastimosamente, solo hasta ahora reflexiono que, debí haber exhortado en mis subalternos la protección a la vida humana como prioridad y la seguridad de la población civil dentro de la jurisdicción de la Brigada».
Los otros reconocimientos fueron del coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; de los tenientes coroneles (r) Henry Hernán Acosta Pardo y Marcolino Puerto Jiménez; de los mayores (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, Jorge Eduwin Gordillo Benítez y Erwin Duarte Rojas; de los capitanes (r) Jaime Rivera Mahecha, César Augusto Cómbita Eslava y Miguel Andrés Sierra García; y de los tenientes (r) Marco Fabián García Céspedes, Edwin Leonardo Toro Ramírez, Jhon Alexander Suancha Florián y Zamir Humberto Casallas Valderrama.
A ellos se suman el reconocimiento del sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez, los sargentos segundos (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez, Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y Faiber Alberto Amaya Ruiz; del cabo primero (r) Gélver Pérez García; del cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; y del exdirector (r) del extinto DAS, Casanare, Orlando Rivas Tovar, además del de dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
En otros escritos de reconocimiento, los comparecientes también afirmaron estar dispuestos a “brindar cualquier explicación, ampliación de versión de verdad ante cualquier componente del sistema y ante las víctimas». Así mismo, expresaron su disposición para realizar acciones tareas y actividades con el fin de lograr “una reparación cierta, real y efectiva».
La siguiente etapa procesal consiste en la puesta en marcha del proceso restaurativo, para lo que la Sala inicia la preparación de la respectiva audiencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los máximos responsables imputados, que manifestaron su voluntad de reconocer verdad y responsabilidad.
Es decir, los 23 comparecientes deben pasar del reconocimiento escrito a hacer un reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y el país por los crímenes documentados del Subcaso Casanare, tal como ha sucedido con los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe. Se trata de un acto público de reconocimiento cuyas condiciones y alcance serán definidos con participación de las víctimas.
Por otra parte, el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá y el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán no aceptaron su responsabilidad. En este escenario, se enfrentan al proceso adversarial, a través de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en el cual, de ser hallados culpables, se exponen a penas de hasta de 20 años de cárcel.