Los asesinatos, ataques y amenazas en contra de defensores y defensoras indígenas, quienes ejercen una labor de defensa de su territorio, deben ser prevenidos e investigados de manera efectiva por las autoridades colombianas, dijo Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU.
“Es sumamente preocupante e impactante que los niños son víctimas directas de los ataques”, agregó Lawlor.
Refiriéndose a las amenazas y asesinatos de varios indígenas nasa la ONU precisó que “un niño defensor de derechos humanos de 14 años fue asesinado, y otro fue secuestrado por la fuerza. Hemos recibido informes sobre un número creciente de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados no estatales y de los cuales en un porcentaje muy importante se trataría de niñas.”
En los últimos meses se han incrementado las amenazas y ataques en contra del Pueblo Indígena nasa, sus líderes, autoridades e integrantes de la guardia indígena. El 24 de enero de 2022, el señor José Albeiro Camayo Güetio fue asesinado en presencia de su hijo de 13 años de edad, presuntamente por integrantes de un grupo armado no estatal que pretende ejercer el control en el resguardo indígena Las Delicias, municipio de Buenos Aires, Cauca.
Solo 10 días antes, el 14 de enero de 2022, el niño Breiner David Cucuñame López, de 14 años, y el señor Guillermo Chicame Ipia, fueron asesinados, presuntamente por integrantes del mismo grupo, mientras se encontraban haciendo labores de protección y defensa del territorio con la guardia indígena del Resguardo las Delicias. El 21 de noviembre de 2021, Marcos Fidel Camayo Güetio, quien había sido autoridad tradicional de Las Delicias, habría sido también asesinado.
“El aumento de las amenazas contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Colombia, incluidos los que protegen los derechos de los pueblos indígenas, el medioambiente, y la implementación del acuerdo de paz, está generando un efecto amedrentador en la sociedad civil y en la legítima labor que realizan las personas defensoras de los derechos humanos”, manifestó la experta.
“El Gobierno tiene que investigar de manera efectiva estos casos, proporcionar reparaciones a las víctimas, y desmantelar a los grupos generadores de la violencia que pretenden controlar el territorio del Pueblo Nasa. También deben adoptar medidas de prevención y protección de las comunidades, así como fortalecer las propias estrategias de autoprotección y formas organizativas del Pueblo Nasa”, anotó la señora Lawlor.