El presidente Gustavo Petro anunció a través de sus redes sociales que presentará un nuevo proyecto de consulta popular al Congreso que incluirá además una pregunta relacionada con el sistema de salud.
“Con una nueva pregunta: que baje el precio de los medicamentos en el país y permita al Estado comprar y producir los medicamentos esenciales y los destinados a tratar las principales enfermedades que padecen las personas”, escribió el mandatario esta semana.
Sin embargo, expertos del sector salud consideran innecesaria esta propuesta, pues el Gobierno Nacional ya tiene la facultad de regular los precios de los medicamentos.
Alejandro Gaviria, exministro de Salud (2013–2018) y responsable de cuatro rondas de regulación de precios durante su gestión, calificó la propuesta como “carente de sentido desde el punto de vista normativo”.
“Ya existe un marco legal que permite al Gobierno regular precios y producir medicamentos sin necesidad de una consulta popular o una nueva ley. El verdadero problema es que la entrega de medicamentos se ha convertido en el síntoma más trágico del colapso del sistema de salud. En lugar de promover una consulta, el Gobierno debería actuar, porque las herramientas ya existen”, afirmó Gaviria..
Para el exministro, se trata de una estrategia política más que de una necesidad técnica.
“La propuesta parece más un intento de mostrar acción que una solución efectiva, y en el fondo revela una inacción gubernamental. El Ministerio de Salud ha tenido un gran vacío en política farmacéutica en los últimos años”, subrayó.
Augusto Galán Sarmiento, también exministro de Salud y actual director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, coincidió con Gaviria.
“El presidente no necesita una consulta para regular los precios de los medicamentos ni para bajarlos. Esa es una facultad que ya tiene el Ministerio de Salud”, dijo a este diario.
Ambos expertos coinciden en que, si bien todos los colombianos quieren medicamentos más baratos, se deben aplicar criterios técnicos y rigurosos para lograrlo.
“La regulación debe hacerse con método. No puede fijarse un valor arbitrario. Si se baja demasiado, puede haber desabastecimiento. Por eso es importante usar herramientas como el referenciamiento internacional y el análisis de concentración de mercado. La regulación tiene más sentido cuando hay monopolios o gran concentración”, explicó Gaviria.
El exministro añadió que este tipo de regulación ya está contemplada en la ley: “Se utiliza el índice Herfindahl-Hirschman para determinar si un medicamento es regulable. Si lo es, se compara su precio en Colombia con el de países de referencia. Luego se emite una circular, se consulta con la industria y se publica un acto administrativo. La Superintendencia de Industria y Comercio vigila el cumplimiento”.
Galán agregó que también existen mecanismos como las compras centralizadas: “El Gobierno puede adquirir directamente los medicamentos y distribuirlos a través de los operadores para garantizar su acceso. Además, puede incentivar el uso de genéricos, siempre que se asegure su calidad, lo cual fomenta la competencia y reduce los precios”.
Gaviria recordó que entre 2013 y 2018 se realizaron cuatro rondas de control de precios que incluyeron miles de principios activos: “Estimamos un ahorro de entre 2 y 3 billones de pesos para el sistema. Aunque hubo un aumento en el volumen prescrito, también se tradujo en mayor acceso para los pacientes. Algunos medicamentos bajaron entre un 80 y 90 %. En promedio, la reducción fue superior al 40 %.
Esto incluyó desde medicamentos institucionales hasta anticonceptivos y antihipertensivos que impactan directamente el gasto de bolsillo de los ciudadanos”.
Por su parte, Galán señaló que el principal desafío actual está en los medicamentos innovadores o de marca, protegidos por patentes. “Fijar precios muy bajos puede desincentivar la innovación, que tiene altos costos. En Colombia no financiamos esa investigación, por lo que actuamos como free riders. Si ahuyentamos a las empresas que innovan, nos perjudicamos a largo plazo. La regulación debe buscar un equilibrio”.
Ignacio Gaitán, director de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (AFIDRO), expresó una postura similar.
“Consideramos que temas como el precio, las compras centralizadas y la producción nacional de medicamentos son fundamentales. Pero no deberían resolverse mediante una pregunta de sí o no en una consulta popular. Requieren un enfoque técnico y el acompañamiento de expertos”.
En sus recientes publicaciones en la red social X, el presidente Petro volvió a referirse al acaparamiento de medicamentos, un tema que ya había causado polémica en marzo, cuando la Superintendencia de Salud realizó una auditoría en una bodega de Audifarma, ubicada a las afueras de Bogotá. Allí se hallaron ocho medicamentos clasificados como “pendientes”.
“Hay huelgas que hacen los patrones, como la de los medicamentos, como la del gas, donde está probado el acaparamiento. Estas son criminales y deben comenzar a ser juzgadas penalmente”, escribió el mandatario el pasado 15 de mayo.
Frente a esto, Fenalco —que representa al gremio y actúa como vocero de Audifarma— cuestionó las declaraciones del presidente. “Los señalamientos que hizo recientemente Gustavo Petro, donde aseguró que los gestores farmacéuticos son acaparadores, y el allanamiento que ordenó posteriormente, confirman su desconocimiento del funcionamiento del sistema de salud”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, en un comunicado de marzo.
Sobre este punto, Augusto Galán afirmó: «En otro mensaje se habla de acaparamiento, pero no hay denuncias reales al respecto. Si uno consulta al Invima, se puede ver que hay un seguimiento continuo al desabastecimiento. Algunos casos se deben a dinámicas normales del mercado, como cuando un medicamento está saliendo y otro entrando al mercado”.
Según el informe de desabastecimiento del Invima correspondiente a marzo, solo se reportaron cuatro medicamentos en desabastecimiento y uno en riesgo. Para que se considere un verdadero desabastecimiento nacional, deben faltar más de 100 medicamentos.
Mientras el debate político sobre la nueva propuesta de consulta avanza, los expertos coinciden en que el camino no es jurídico, sino técnico: actualizar y aplicar con rigor la política de regulación de precios, especialmente ante la entrada constante de nuevas moléculas al mercado colombiano.