El Gobierno colombiano ordenó la suspensión de las operaciones militares y policiales ofensivas contra unas disidencias de las FARC con las que tiene negociaciones de paz, un día después de no prorrogar el cese al fuego bilateral con esos grupos a los que atribuye los atentados de esta semana.
«Que sea la paz», expresó el presidente Gustavo Petro en una publicación en su cuenta de X en la que enlazó el decreto firmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, que oficializa suspensión de operaciones hasta el próximo 18 de mayo.
El documento ordena detener «las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de la Policía Nacional» contra integrantes de los Bloques Magdalena Medio ‘Comandante Gentil Duarte’, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, que conforman el Estado Mayor de Bloques (EMB), escindido del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.
El decreto estará vigente «hasta las 24:00 horas del 18 de mayo de 2025» y contempla la creación de un equipo de evaluación política, así como un mecanismo de comunicación para prevenir incidentes durante los diálogos con esos grupos armados.
Aunque las delegaciones de paz del Gobierno y del EMB esperaban renovar el cese al fuego por otros seis meses, el Ejecutivo decidió no prorrogarlo tras su vencimiento el pasado 15 de abril.
La decisión de suspender las operaciones militares se produce en un momento de crisis tras una seguidilla de atentados con explosivos atribuidos a las disidencias que se han cobrado la vida de cuatro personas en las últimas 48 horas, y sobre los que Petro todavía no se había pronunciado.
El miércoles, un ataque con un dron mató a trabajador de una empresa de electricidad y dejó dos heridos en Santander de Quilichao, departamento del Cauca (suroeste), y el jueves fueron perpetrados dos atentados más, uno sobre la Vía Panamericana en Mondomo (Cauca) en el que murió una mujer, y otro en el municipio de La Plata (Huila), donde perdieron la vida dos hermanos de 17 y 19 años y más de 20 personas quedaron heridas.
De esos ataques el ministro de Defensa responsabilizó a las disidencias, de las que dijo que «siguen asesinando civiles».
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condena estos ataques y urge a que «se investigue, juzgue y sancione a responsables».
La ONU ha reiterado que la protección de los derechos humanos y el respeto a la vida deben ser ejes centrales en cualquier intento por resolver el conflicto armado en Colombia, y ha expresado su apoyo a los esfuerzos del Gobierno por alcanzar una solución negociada, recordando a los actores armados su obligación de cumplir con el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
«Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar los derechos humanos y el DIH. Recordamos que los ataques indiscriminados están prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario», señaló hoy la Oficina de la ONU en su cuenta de X.