Los municipios que conforman el cañón del Micay (Cauca) completan más de una semana sumergidos en una ola de violencia; al tiempo que el Catatumbo lleva dos meses sitiado por los enfrentamientos entre grupos armados. Estas dos regiones en la actualidad concentran, de nuevo, el epicentro de la crisis de orden público en Colombia.
El hecho de violencia más reciente se registró en la noche del martes en la vereda La Esperanza, municipio Balboa, Cauca, en donde miembros de la estructura residual ‘Carlos Patiño’ (disidencias de las Farc) activaron una carga explosiva que afectó a uno de los vehículos que brindaba seguridad a un convoy que llevaba un puente militar para ser instalado en el sector de La Hacienda. En ese atentado fallecieron el sargento viceprimero Harold Alberto Paredes Mena, el sargento segundo Yeison Antonio Angulo Moray, los soldados profesionales Miguel Ángel Lamprea Herrera, Wilder Saraza Álvarez y Raúl García López.
Ante estos hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló que el ataque ocurrió aproximadamente a unos 100 kilómetros del destino, en un lugar supremamente estrecho. “Les expreso mi más profunda solidaridad y sentimientos de condolencia por la irreversible pérdida”, agregó el ministro, al tiempo que reiteró la recompensa de hasta 300 millones de pesos por quien brinde información que permita la captura de los responsables del acto terrorista, los cuales fueron identificados con los alias de Farley, Kevin, Zamora, Tavares y Giovanni.
Asimismo, el Ministerio del Interior rechazó el atentado. A través de un comunicado indicó que el “Gobierno tomará todas las medidas necesarias para llevar a los responsables ante la justicia y garantizar la protección de la vida y la seguridad de la ciudadanía”.
En El Plateado, municipio de Argelia, a lo largo de la semana pasada se registraron varios actos de constreñimiento a la población civil que, según el Ejército, se dieron para que apoyara la violencia y el secuestro extorsivo perpetrados por el frente ‘Carlos Patiño’, cuyo objetivo es “el de desestabilizar la seguridad de la comunidad”. Tras esas presiones, las personas incendiaron un carro blindado y retuvieron a 29 miembros de la Fuerza Pública, que luego fueron liberados y condecorados por el Presidente.
Según las autoridades, los grupos armados, en especial las disidencias de ‘Iván Mordisco’, buscan frenar la consolidación de la operación Perseo en esa región, con la que se busca desmantelar la presencia de los delincuentes, principalmente en El Plateado. Sin embargo, en ese territorio no solo hacen presencia los hombres de ‘Mordisco’, también están los del frente ‘Diomer Cortés’, de la ‘Segunda Marquetalia’, y los de ‘José María Becerra’. Todas estas estructuras se pelean por la hoja de coca y el “producido” del impuesto a los narcos que llegan provenientes de Cali, Pasto, Ecuador, México y otros países.
Por otro lado, el Catatumbo (Norte de Santander), desde el pasado 16 de enero, enfrenta la peor crisis humanitaria y de seguridad de los últimos años en Colombia y, aunque de momento pareciera detenerse, con frecuencia se reactivan los enfrentamientos entre miembros del ‘frente 33’ de las disidencias de las Farc y del bloque nororiental del Eln. La crisis en esa región, que deja más de 53.000 desplazados y al menos 70 muertos, llevó al Gobierno a decretar la conmoción interior para focalizar la atención en esa zona.
Sin embargo, en la noche del martes, miembros de la Fuerza Pública sostuvieron combates con el frente ‘Juan Fernando Porras Martínez’, del Eln, en la vereda Versalles, municipio Tibú, Norte de Santander. En el desarrollo de la operación fue capturado un integrante de ese grupo que se encontraba herido; así mismo, fueron incautadas tres armas largas, una corta y demás material de guerra.
Según información proporcionada por la inteligencia militar, se conoció la muerte de dos sujetos de esa guerrilla y otros dos heridos, quienes eran los responsables de intimidar y generar zozobra a las comunidades del Catatumbo. De hecho, las autoridades civiles advirtieron que los recientes enfrentamientos podrían generar nuevos desplazamientos y confinamientos en esa región.
Gerson Arias, miembro del equipo de investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), indicó que con la mayoría de las mesas de negociación “en estado crítico” y un repunte de los grupos armados, en lo inmediato “hay que fortalecer las capacidades de inteligencia para anticipar otros escenarios peores y lanzar operaciones militares y policiales para contener la violencia”. Y señaló de manera complementaria que “en estos escenarios hay que pensarse seriamente cómo se fortalecen los programas de desmovilización individual y de sometimiento a la justicia, ya que en el pasado estas iniciativas fueron fundamentales para avanzar en el control territorial”.
Expertos como Jorge Mantilla creen que aunque el Gobierno reforzó las capacidades policiales, enfrenta el desafío del tiempo y la falta de resultados inmediatos. “El gran problema que tiene el Gobierno en este momento en esas zonas, más allá de las condiciones estructurales de las mismas, es el tiempo que juega en su contra y es difícil que podamos ver cambios en el corto plazo o en dos o tres meses de situaciones que, además de ser estructurales, se agravaron en el marco de la implementación de la paz total. Habría que ver qué resultados tiene esta nueva versión de programa de sustitución de cultivos en estas zonas”, señaló.