
Disidentes de las FARC retuvieron a 29 policías y militares en un enclave guerrillero del Cauca, donde el gobierno lanzó una ofensiva para detener la violencia del narcotráfico, informó el ministerio de Defensa en un comunicado.
«La tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública», denunciada por la cartera, ocurrió en las montañas del departamento del Cauca bajo el control de rebeldes del Estado Mayor Central (EMC) que nunca aceptaron el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de la guerrilla marxista.
Según el ministerio, «pobladores instrumentalizados» por los guerrilleros participaron en la retención de los uniformados, en represalia contra el gobierno que presiona al EMC tras los frustrados intentos de negociaciones para alcanzar su posible desarme.
Videos publicados por las autoridades muestran una tanqueta que huye en llamas mientras un grupo de personas le tira piedras. En otros, se observa a policías antidisturbios lanzar granadas de humo y avanzar por una calle en medio de disparos.
Los hechos se registraron en los municipios de Argelia y El Tambo, zona donde se registra una de las mayores concentraciones de cultivos de coca, según la ONU. Allí el ejército lanzó en octubre de 2024 la incursión militar ‘Perseo’, para retomar el control de la región.
El gobierno asegura que el EMC es responsable de las acciones «ejecutadas con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad» de los uniformados.
En un mensaje en X, el presidente Gustavo Petro sostuvo que el EMC actúa con «desespero y por eso utiliza la población civil». «Su debilidad militar no le permite enfrentarse con el Ejército», añadió el mandatario.
El ministerio aseguró que desde el ingreso de la fuerza pública a la región enfrentan «constantes amenazas» de esta disidencia de las FARC «que busca sembrar miedo, zozobra y frenar la llegada de proyectos sociales».
El EMC llevaba a cabo negociaciones de paz con el gobierno de Petro, pero se dividió en 2024 en dos facciones. En esta zona opera la escisión bajo el mando de alias Iván Mordisco, que se apartó de los diálogos y aumentó su presión violenta contra las fuerzas estatales. La otra facción, dirigida por alias Calarcá, mantiene las conversaciones.
«Estos actos constituyen crímenes de guerra que violan el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, al desplazar, confinar, aislar y atemorizar a la población civil», denunció el ministerio.
La Fiscalía investiga lo ocurrido y «avanza en la identificación» de los responsables de varios «delitos graves, con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión», según el boletín. Este sábado se realizará una reunión en Popayán, capital del Cauca, con miembros del gobierno y la comunidad para evaluar la situación.
Los disidentes «no solo reclutan de manera forzada a menores de edad, sino que instrumentalizan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a salud, educación, trabajo y oportunidades para la transformación del territorio», añadió el ministerio.
Colombia atraviesa su más grave ola de violencia en la última década, con distintos focos en el noreste y suroeste del país. La escalada pone en jaque la apuesta del gobierno de lograr el desarme de todos los grupos armados del país, para desactivar un conflicto interno de seis décadas.