México considera ampliar la demanda que lleva a cabo contra armerías de Estados Unidos si este país finalmente resuelve denominar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
El gobierno mexicano acusa a fabricantes estadounidenses de negligencia en la venta de armas que terminan en manos de cárteles mexicanos, por lo que según Sheinbaum la querella daría lugar a un nuevo cargo por presunta complicidad con grupos terroristas.
«Si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, pues tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos porque, como ya reconoció el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen» de ese país, dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa.
«¿Cómo quedan las armadoras y las distribuidoras frente al decreto? Tal vez, no sé, los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices», advirtió. El gobierno mexicano se muestra reacio a la declaratoria de grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas, por considerar que esto abriría la puerta al «injerencismo» estadounidense.
El jueves, el diario New York Times informó que el Departamento de Estado estadounidense clasificará como organizaciones terroristas a grupos criminales de México, Colombia, El Salvador y Venezuela, como parte de un decreto del presidente Donald Trump contra esas bandas.
En agosto pasado, un juez de Boston desestimó una demanda de México contra fabricantes y vendedores de armas, a los que reclamaba 10.000 millones de dólares por considerarlos responsables de la violencia criminal en su territorio.
El juez alegó «falta de jurisdicción», dándole la razón a seis compañías demandadas, mientras que México precisó que su querella contra las empresas Smith and Wesson e Interstate Arms seguía su curso.
México demandó en agosto de 2021 a siete fabricantes y un distribuidor por considerar que su comercio «negligente e ilícito» alienta el narcotráfico y la violencia en el país.
Según la cancillería mexicana, entre 200.000 y 750.000 armas fabricadas por esas empresas llegan anualmente de contrabando a su territorio procedentes de Estados Unidos y la gran mayoría son halladas en escenas del crimen en el país.
México mantiene otra demanda en un tribunal de Arizona, basándose en una nueva ley en Estados Unidos que penaliza a prestanombres que adquieran armas para un tercero. Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, México acumula casi 480.000 muertes violentas y unos 110.000 desaparecidos, según cifras oficiales.