Un juez de Bogotá ordenó al congresista Miguel Polo Polo ofrecer disculpas públicas a las Madres de Soacha y a las víctimas de las ejecuciones de civiles por miembros del Ejército, conocidas como ‘falsos positivos’, por revictimizarlas con acciones que irrespetan su memoria, se informó este viernes.
La decisión la tomó el Juzgado 30 del Circuito de Bogotá en respuesta a una tutela interpuesta por la Asociación de las Madres Víctimas de los Falsos Positivos (Mafapo), que señalaron que Polo, miembro de la Cámara de Representantes por una circunscripción especial afro, las «revictimiza».
El fallo señala que el congresista deberá pedir «disculpas a las madres que integran Mafapo y al país ante un medio de comunicación institucional a nivel nacional por los actos realizados el 6 de noviembre» de este año.
Ese día, Polo tiró a la basura unas botas intervenidas artísticamente por las madres de Mafapo, que las pusieron en una exposición en la Plaza Núñez, ubicada entre la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional, como homenaje a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Soacha, población cercana a Bogotá.
En ese sentido, el juez ordenó a Polo que «restituya la obra artística ‘Mujeres con las botas bien puestas’ en las mismas condiciones en las que estas se encontraban». Las botas son un símbolo porque los militares involucrados en los ‘falsos positivos’ se las ponían a las personas que ejecutaban para hacerlas pasar por guerrilleros muertos en combate y así cobrar recompensas.
Incluso algunas de las víctimas, al momento de ser halladas, calzaban dos botas del mismo pie. La exposición ‘Mujeres con las botas bien puestas’ iba a permanecer en la plaza durante tres días para «visibilizar el dolor y las demandas de justicia» de los familiares.
Sin embargo, Polo arrojó a la basura las botas luego de manifestar que «tenían que ir a donde pertenecen, al canasto de la basura» y cuestionó el número de víctimas de los ‘falsos positivos’, insinuando que nunca llegaron a pasar, lo que generó una gran polémica en el país.
Los ‘falsos positivos’ constituyen uno de los capítulos más oscuros del conflicto colombiano en el que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señala que al menos 6.402 jóvenes inocentes fueron engañados con promesas de falsos trabajos y ejecutados por miembros del Ejército para mejorar las estadísticas de lucha contra la guerrilla y recibir recompensas a cambio.