Debió ser un símbolo mundial de protección de derechos de la naturaleza tras un inédito fallo judicial en Colombia. Pero ocho años después, el río Atrato sigue preso de la minería ilegal, el conflicto armado y la pobreza.
A falta de buenas carreteras, sus 750 kilómetros rompen el cerco de la selva y son la principal arteria de una región históricamente marginada, de mayoría afro (87%) y la más pobre del país.
Este río «con derechos» era hasta hace unas décadas refugio del implacable calor en el oeste de Colombia. En 2016 la Corte Constitucional declaró su cauce, cuenca y afluentes como una «entidad viviente» y «sujeto de derechos» a la protección y conservación.
Pero hoy rebosa mercurio, usado para separar las partículas de oro de los sedimentos. Poca voluntad estatal, «falta de interés de (crear) políticas públicas» y corrupción son algunas trabas que impiden pasar del papel a la práctica, explica Jorge Palacio, entonces magistrado ponente de la sentencia.
Colombia enfrenta el desafío de rescatar el Atrato a poco más de un mes de acoger la COP16 sobre biodiversidad. El fallo también designó a 14 guardianes que son los representantes legales y voz del río. Uno de ellos no esconde su tristeza al recordar las aguas cristalinas donde se bañaba de niño.
«Nuestros padres nos dejaron (…) un río transparente, diáfano, y hoy nosotros tenemos una obligación de hacer lo mismo y creo que estamos fallando», dice a Ramón Cartagena, de 59 años.
«Sentimos un sabor agridulce (…) la minería ilegal sigue expandiéndose todos los días», añade. Los guardianes denuncian amenazas de muerte en el país más peligroso para los defensores del planeta.
«Es un río con derechos lastimados y violados», resume la ambientalista Ligia Ortega, de 67 años. El Atrato brota de una montaña a 3.900 metros de altitud. Allí su agua es cristalina y potable, pero a medida que avanza el caudal va develando contaminación y otras problemáticas: tala, pobreza, ausencia estatal y la guerra entre la guerrilla ELN y el Clan del Golfo, el mayor cartel narco.
La implementación del fallo avanza a «paso de tortuga», sostiene Cartagena. A la vista de todos, dragas colosales succionan el lecho del río buscando oro. Los navegantes evitan observar por temor.
«A la gente le da miedo denunciar, todo el mundo se queda callado», lamenta Bernardino Mosquera, de 62 años, otro guardián.
Estudios académicos demuestran que el mercurio carcome la salud de los ribereños. «Donde hay mayor ingesta de pescado es donde hay más concentraciones de mercurio» en humanos, observa José Marrugo, de la Universidad de Córdoba.
Según el experto, han identificado pobladores «en riesgo» y con «intoxicación crónica». Las dragas también remueven la tierra y liberan «otros elementos metálicos que son tóxicos como arsénico, plomo y cadmio», añade.
Arnold Rincón, director de la autoridad ambiental local, sostiene no obstante que el nivel de mercurio está «por debajo» del límite en el agua, pero no hacen estudios en peces. Asegura haber recuperado un 34% de las hectáreas que estaban «degradadas por la actividad minera» en 2016.
En el mercado de Quibdó, capital del departamento de Chocó, los vendedores se quejan. «La gente teme comprar el pescado, porque hay mucho mercurio y hay gente que ha salido muy afectada», dice Narlin Córdoba, de 46 años.
Según la Defensoría del Pueblo, tras la sentencia «no se evidencia ningún tipo de avance que aporte a la efectiva conservación» del río.
Colombia «es el mayor emisor de mercurio per cápita en el mundo, y el tercer país que más contamina con este mineral, en todo el planeta», aseguró la Procuraduría, citando un informe de la ONU.
Los grupos armados cobran extorsiones a los propietarios de las dragas, que producen «más de 150 gramos de oro diario» cada una, explica el general de Infantería de Marina Wilson Martínez.
Solo en 2024 los militares destruyeron 334 máquinas de minería ilegal en el Atrato. La inmensa serpiente de aguas caudalosas avanza hasta el mar Caribe, cerca de la frontera con Panamá. El río es alimento, transporte, comercio, tradición.
El Atrato «es como si fuese nuestra vena arterial (…) sin él no tendríamos existencia», dice la indígena embera Claudia Rondán, de 41 años.
Cerca del nacimiento, la minera canadiense El Roble explota legalmente cobre, oro y plata con un contrato vencido y en proceso de prórroga. Es cuestionada por activistas que reconocen no obstante su rol de motor económico de la región desde hace más de 30 años.
La empresa guarda silencio. La guardiana Rondán aún se ilusiona: «Sueño con un río limpio, sano (…) que vuelva a sus caudales».