Expresidente Uribe es llamado a juicio por presunta manipulación de testigos

El panorama político en Colombia se encuentra agitado ante el reciente llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, marcando un precedente histórico al ser el primer exmandatario en enfrentar tales cargos en instancias legales.

Uribe será juzgado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, cuyos términos de vencimiento eran el 15 de abril. La Fiscalía informó que el escrito de acusación contra Uribe fue presentado alrededor de las 10:30 a. m. de este martes, tras el análisis de la evidencia física y los elementos probatorios recopilados y estudiados durante los últimos tres meses.

En referencia a este proceso, la Fiscalía indicó: «La decisión del fiscal delegado fue adoptada luego de dos solicitudes de preclusión de fiscales diferentes que resultaron desestimadas por los jueces penales del circuito competentes.»

Diversas figuras públicas han expresado sus opiniones al respecto. El senador colombiano Iván Cepeda manifestó su sorpresa ante la situación, enfatizando la importancia de verificar minuciosamente los detalles del caso. Por su parte, la senadora Paloma Valencia destacó la urgencia de prestar atención al cambio de fiscal y la relevancia de las investigaciones en curso.

La Fiscalía fundamentó su decisión en la evidencia física y los elementos probatorios recolectados en los últimos meses, que incluyen declaraciones de testigos clave como Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve. Se espera que, tras el reparto del caso a un juzgado penal del circuito, se celebre la audiencia de formalización de la acusación, dando inicio al debate oral con la participación de todas las partes involucradas.

A pesar de la acusación, se ha señalado que el expresidente Uribe no será encarcelado y podrá ejercer su derecho a defenderse en libertad, en un proceso que se estima podría extenderse entre 4 y 5 años.

Este es uno de los primeros eventos de gran trascendencia política y judicial durante el mandato de la recién posesionada fiscal general, Luz Adriana Camargo. En la administración anterior del fiscal Francisco Barbosa, se había solicitado en dos ocasiones la preclusión del proceso, pero fue negada por los jueces.