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En una decisión considerada histórica para el campesinado colombiano, el Gobierno, a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, notificó a la comunidad de Sumapaz su reconocimiento como Sujeto de Reparación Colectiva.
La decisión le permite a la comunidad campesina de la localidad 20 de Bogotá -la más grande y rural de la capital del país- ser reconocida como víctima del conflicto armado y, por tanto, ser incluida en el Registro Único de Víctimas (RUV), y dar inicio a la construcción de un Plan Integral de Reparación Colectiva en el que participarán la comunidad, la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Sumapaz y el Distrito.
El acto público de reconocimiento se realizó este domingo 10 de marzo en Placitas, vereda Santa Rosa, de Sumapaz, y contó con la participación de la comunidad, autoridades locales, la Alcaldía de Bogotá y la Unidad de Víctimas a nombre del Gobierno.
Este reconocimiento marca un precedente para la atención y reparación de otras comunidades campesinas en el país que, como en el caso de Sumapaz, han sido afectadas por el conflicto armado y la violencia.
El año pasado el Gobierno del Cambio logró la aprobación en el Congreso de la República del Acto Legislativo 01 del 5 de julio de 2023 “por medio del cual se reconoce al campesinado colombiano como sujeto de especial protección constitucional».
En diciembre de 2022 se constituyó la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz para fomentar y proteger la economía campesina de la localidad.
Patricia Tobón, directora de la Unidad de Víctimas, destacó en el evento que “este es el primer reconocimiento a un sujeto campesino para la reparación colectiva. Aquí ocurrieron muchos hechos de violencia en el marco del conflicto armado interno que no habían sido reconocidos. Por eso la comunidad llevaba muchos años exigiendo este reconocimiento».
Sumapaz, corredor estratégico
La localidad 20 de Sumapaz es netamente rural y se ubica en el extremo sur del Distrito Capital de Bogotá. Limita al norte con la localidad de Usme, al sur con el departamento del Huila, al oriente con los municipios de Une, Gutiérrez y con el departamento del Meta, y al occidente con los municipios de Pasca, San Bernardo, Cabrera y Venecia.
Por muchos años fue considerado como un corredor estratégico por los grupos armados para transitar desde y hacia Bogotá y los Llanos Orientales, Huila y Meta.
Los habitantes de la localidad sufrieron múltiples hechos victimizantes a causa del conflicto armado como amenazas, asesinatos, minas antipersona, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado, entre otros, además de daño ambiental.
Según la Unidad de Víctimas, la Resolución-Acto Administrativo reconoce cuatro categorías de derechos: a la libre asociación, ambiente sano, libre circulación y seguridad en lo que respecta a las afectaciones a los derechos colectivos.
Agrega la entidad que en el Acto Legislativo 01 de 2023 se otorgó al campesinado derechos colectivos como la educación de calidad con pertinencia, salud, servicios públicos domiciliarios, vías terciarias, tierra, territorio, ambiente sano, acceso e intercambio de semillas, recursos naturales y diversidad biológica, agua, participación reforzada, conectividad digital, mejora de infraestructura rural, extensión agropecuaria y empresarial, asistencia técnica y tecnológica para generar valor agregado y medios de comercialización para sus productos.