El Grupo de Puebla denunció una campaña de judicialización de la política contra el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, que presuntamente está liderada por el fiscal general, Francisco Barbosa, y la procuradora, Margarita Cabello.
Barbosa debe ser reemplazado tras vencerse su periodo pero la Corte Suprema de Justicia no ha elegido a ninguna de las tres candidatas que el Presidente de la República envió para el estudio del tribunal. Ante esta situación, la Fiscalía quedaría por encargo en manos de la fiscal Marta Mancera, cuestionada por el presunto ocultamiento de los vínculos del jefe de la Fiscalía en Buenaventura con organizaciones criminales.
En un comunicado firmado entre otros por los expresidentes Ernesto Samper (Colombia) y Rafael Correa (Ecuador), el Grupo de Puebla expresó «su profunda preocupación por la campaña de judicialización de la política que vienen adelantando contra el presidente Gustavo Petro, su familia y su Gobierno».
También acusó a Barbosa y Cabello de ser «integrantes reconocidos de la derecha colombiana quienes hoy se encuentran en abierta oposición al Gobierno progresista de Petro». Cabe anotar que ambos funcionarios son de la entraña del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que llegaron a sus actuales cargos bajo la presidencia de Iván Duque, alfil del exmandatario.
«La insistencia de estos funcionarios en convertir la persecución judicial del Gobierno y su familia en una causa política, además de causar un daño reputacional al Presidente, está deteriorando la democracia del país y distrayendo la justicia que debería estar ocupada en la persecución de la criminalidad», agregó el comunicado del Grupo de Puebla.
La denuncia del Grupo de Puebla se conoce después de que el propio Petro advirtiera de una supuesta «ruptura institucional» para sacarlo del poder y acusara una vez más a la Fiscalía de querer investigarlo, por lo que llamó a la «máxima movilización popular por la decencia».
Según afirmó el mandatario en la red social X, «hay una seria ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al Presidente de la República». Petro y el fiscal también tienen abierta una confrontación política en la que frecuentemente se acusan de violar la ley.
La disputa tiene un trasfondo ideológico porque a Barbosa, cercano al expresidente Iván Duque (2018-2022), sus críticos le acusan de poner la Fiscalía al servicio de intereses políticos para perseguir a personas afines al Gobierno mientras se hace la vista gorda con casos que involucran a políticos de derecha.
De otro lado hay quienes consideran que Petro, que en agosto cumplirá dos años en el poder, busca interferir en la independencia del Poder Judicial ya que su propio hijo, el primogénito Nicolás Petro Burgos, está investigado por la Fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos que salpican su campaña presidencial.
Entre tanto, Petro ha criticado a Cabello por la suspensión del canciller, Álvaro Leyva, por tres meses, por posibles irregularidades en la licitación de un contrato de pasaportes. «He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del Canciller de la República, primero en la historia en ser suspendido», afirmó Petro.
Sin embargo, el Canciller sigue ejerciendo sus funciones y el pasado 30 de enero, cuando ya estaba sancionado, firmó varios decretos de nombramientos del Ministerio de Relaciones Exteriores y designaciones de misiones especiales en el exterior, según medios locales.
«El abierto desacato del Canciller y el Presidente de la decisión de la Procuraduría atenta contra el Estado de derecho, la Constitución y la ley, y sienta un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad constitucional», indicó en un video el viceprocurador, Silvano Gómez Strauch.